Las víctimas fueron atacadas cuando eran adolescentes por seis agentes de la PFA y uno del Servicio Penitenciario Federal. Se trata de un fallo inédito 

Entre el 2009 y el 2011, dos mujeres adolescentes fueron abusadas sexualmente por un grupo de agentes de la fuerza y ahora, en lo que se trata de un fallo inédito, el Estado y la Policía Federal Argentina (PFA) deberán pagarles a las víctimas 10 millones de pesos más intereses. 

La condena indemnizatoria, que es ejemplar e inédita, fue emitida el pasado 14 de octubre por la titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N°1, Silvina Andrea Bracamonte, que tuvo en cuenta los hechos expuestos en la demanda por la defensora pública oficial ante los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires, Florencia Plazas.

Los montos ordenados en esta sentencia, según indicaron las fuentes judiciales consultadas, no registran antecedentes similares y se fijaron “como reparación del daño moral y psicológico sufrido por las víctimas de esta red de abuso y promoción de corrupción de menores de 18 años, que fue organizada por funcionarios públicos”. 

Por pedido de la defensoría y en función de la situación de vulnerabilidad y las características de los daños ocasionados a las damnificadas, la suma deberá pagarse en el plazo de 20 días desde que la sentencia quede firme

También, entre las medidas que solicitó la defensa pública y fueron incluidas en la sentencia, se encuentran el otorgamiento a las víctimas de una beca integral de estudios en instituciones públicas para que culminen tanto su educación secundaria como luego la universitaria o terciaria, o bien cualquier otro curso de capacitación en un oficio.

Más allá de la indemnización, los portavoces oficiales del Ministerio Público de la Defensa informaron que las damnificadas “atravesaban una situación de extrema vulnerabilidad económica y social” y destacaron que seis miembros de la PFA y un agente del Servicio Penitenciario Federal ya habían sido condenados a penas de entre siete y 16 años de prisión. En aquella ocasión, el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación (DGN) actuó como querellante a favor de las mujeres.