Migración tercerizada: el nuevo plan de Trump y su impacto en África

Un nuevo enfoque para la presión migratoria

La política migratoria de Estados Unidos vuelve a ubicarse en el centro del debate internacional tras conocerse las negociaciones con Ruanda para trasladar migrantes irregulares a este país africano. El modelo, similar al adoptado previamente por el Reino Unido, contempla acuerdos bilaterales por los cuales un Estado receptor acoge migrantes deportados a cambio de apoyo económico, logístico y político.

El gobierno de Donald Trump, que desde su regreso al poder en enero de 2025 ha endurecido su enfoque migratorio, busca así aliviar la presión sobre el sistema interno de detenciones y deportaciones. En este contexto, ofrecer incentivos financieros para la autodeportación y firmar convenios con terceros países se convierten en estrategias complementarias.

Cooperación inicial y oportunidad humanitaria

Según lo confirmado por el canciller ruandés Olivier Nduhungirehe, las conversaciones se encuentran en fase preliminar, pero contemplan mecanismos de integración para los migrantes y fondos estadounidenses destinados a capacitación laboral. El modelo podría ofrecer una salida más humanitaria que la detención prolongada o la expulsión inmediata, especialmente en un contexto de saturación institucional y polarización política.

No obstante, la iniciativa ha despertado críticas. Organizaciones como Human Rights Watch la han tachado de "externalización de la responsabilidad" y han alertado sobre el precedente que podría sentar en términos de derechos humanos. Casos como el de los migrantes venezolanos enviados a El Salvador y posteriormente encarcelados bajo el régimen de Bukele han encendido alarmas sobre la garantía de derechos en estos terceros países.

Ruanda confirma negociaciones con EU para recibir migrantes deportados

Ruanda mantiene conversaciones preliminares con el gobierno estadounidense para evaluar un posible acuerdo que permita la recepción de migrantes deportados desde Estados Unidos, confirmó el ministro de… pic.twitter.com/LHbPmJainK

— NX Noticias (@NXNoticias) May 6, 2025

Argumentos a favor del modelo

A pesar de ello, hay argumentos que respaldan el enfoque. En primer lugar, muchos sistemas nacionales no están preparados para la magnitud de los flujos migratorios actuales. Delegar, mediante acuerdos internacionales voluntarios, parte de esta gestión a países con capacidad de absorción y voluntad de cooperación podría ser una alternativa realista, especialmente si se respetan estándares internacionales.

En segundo lugar, la estrategia podría permitir a países receptores como Ruanda acceder a inversiones y programas de desarrollo vinculados a los flujos migratorios. Si se gestiona con transparencia y supervisión multilateral, el esquema podría traducirse en beneficios mutuos: descompresión para los países emisores y desarrollo para los receptores.

Dimensión geopolítica y gobernanza global

Finalmente, el plan ofrece una dimensión diplomática: la posibilidad de que Estados Unidos diversifique sus alianzas internacionales en África y proyecte influencia mediante mecanismos de cooperación pragmática, en un contexto global marcado por el ascenso chino en el continente.

Aunque aún quedan dudas sobre la viabilidad y sostenibilidad del modelo, la negociación con Ruanda no debe analizarse solo desde la crítica. También representa un intento de repensar la gobernanza migratoria global, equilibrando soberanía, cooperación y derechos humanos. Y eso, en el escenario actual, ya constituye un avance.

Donald Trump y el presidente de Ruanda, Paul Kagame.

Críticas al modelo: legalidad y derechos humanos

Uno de los mayores cuestionamientos al plan reside en el posible incumplimiento de tratados internacionales sobre refugio y asilo. El traslado forzoso de migrantes hacia países terceros podría violar el principio de no devolución (non-refoulement), especialmente si se trata de solicitantes de asilo cuya seguridad no está garantizada en el país receptor.

Asimismo, las condiciones en algunos de los países candidatos a recibir migrantes –Ruanda incluido– han sido objeto de observaciones por parte de la ONU y otras entidades. Los estándares carcelarios, las libertades civiles y el nivel de independencia judicial generan dudas sobre la protección efectiva de los derechos fundamentales de los deportados.

Riesgo de fortalecer regímenes autoritarios

Una dimensión especialmente preocupante del modelo es su capacidad para reforzar económicamente a gobiernos autoritarios. Si se llegaran a replicar estos acuerdos con países como Guinea Ecuatorial —donde rige una de las dictaduras más longevas y brutales del planeta— el riesgo sería considerable.

Bajo el régimen de Teodoro Obiang, Guinea Ecuatorial ha sido denunciada de forma sistemática por organismos internacionales por violaciones graves a los derechos humanos: torturas institucionalizadas, desapariciones forzadas, encarcelamientos arbitrarios y represión absoluta de la disidencia. A pesar de ser un país rico en recursos naturales, la corrupción ha relegado a la mayoría de la población a vivir en condiciones de precariedad extrema, mientras una élite se enriquece.

Integrar a regímenes como el de Obiang en acuerdos migratorios no solo podría legitimar su posición internacional, sino inyectarles recursos frescos que consoliden su aparato represivo. En estos escenarios, los migrantes corren el riesgo de convertirse en rehenes geopolíticos, trasladados a contextos donde sus derechos no solo no están garantizados, sino que pueden ser instrumentalizados como propaganda o moneda de cambio diplomática. Este escenario subraya la urgencia de establecer límites éticos claros y mecanismos multilaterales robustos que impidan que la cooperación migratoria se traduzca en complicidad con la represión.

El acuerdo con Ruanda refleja un intento por parte de Estados Unidos de rediseñar su política migratoria bajo parámetros más pragmáticos y multilaterales. Sin embargo, la implementación efectiva y ética de este tipo de medidas dependerá del equilibrio entre seguridad, cooperación internacional y respeto irrestricto a los derechos humanos.

El desafío no es menor: evitar que las soluciones operativas terminen convirtiéndose en atajos peligrosos que perpetúen la vulnerabilidad de los migrantes y fortalezcan a regímenes que no garantizan sus derechos. En esa tensión se juega el verdadero impacto del modelo que hoy se ensaya.