Dictan preventiva a trece policías por el millonario fraude con el combustible de los patrulleros

Trece policías y tres civiles fueron procesados con prisión preventiva por seis meses, por una compleja maniobra de fraude con combustibles que, según la investigación, funcionaba desde hacía al menos diez meses con la participación de altos mandos de la Policía y empleados de una estación de servicio en Rosario.

Los hechos salieron a la luz tras una denuncia anónima recibida por la Fiscalía en julio de 2024. Lo que en un principio parecía una sospecha aislada derivó en una investigación profunda que incluyó seguimientos por GPS a patrulleros, informes de Asuntos Internos, intervenciones telefónicas y 36 allanamientos simultáneos, realizados la semana pasada.

En la audiencia imputativa, que se extendió durante tres días en el Centro de Justicia Penal, el juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó la medida para todos los imputados, con excepción de María Fernanda De Franco, una empleada administrativa de la empresa involucrada, para quien el fiscal no pidió prisión preventiva. A ella se le impusieron reglas de conducta, como firma quincenal, prohibición de contacto con los demás acusados y fijación de domicilio.

El fiscal Ariel Caterina describió cómo se realizaban sobrefacturaciones y cargas ficticias de combustible, muchas veces con patrulleros que no estaban en circulación o ya no estaban en servicio. Se facturaban cargas por montos de entre 20.000 y 30.000 pesos por móvil, casi a diario. Un Fiat Cronos usado como patrullero testigo, por ejemplo, cargó 170 litros más de lo que requería su recorrido real.

El fraude, según cálculos oficiales, habría generado un perjuicio mensual de más de 45 millones de pesos al Estado provincial.

Los civiles imputados, todos ligados a la estación Puma de Ovidio Lagos al 3900, son Mónica Bianconi (presidenta del directorio de Gas Auto Tiferno S.A.), Oscar Coullery (director suplente), Daniel Reynoso (encargado) y María Fernanda De Franco (administrativa). Según el fiscal, este grupo entregaba sobres con dinero en efectivo cada 15 días a distintos jefes policiales, como parte de la maniobra.

Entre los policías de mayor jerarquía involucrados figuran Gerardo Ramírez, subcomisario del Garage de la Unidad Regional II; Rodrigo Domínguez, comisario superior y jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura; Fabián Darío Fantín, jefe de la sección Caballería y Perros; Mario Brest, subjefe del mismo sector y Juan Pablo Pigozzi, jefe de la Brigada de Orden Urbano.

También fueron imputados otros jefes y subinspectores responsables de la logística y administración del combustible en distintas divisiones, como la Policía de Investigaciones, el Comando Radioeléctrico, la Guardia de Infantería y la División Logística.

Para el fiscal, las pruebas -entre ellas interceptaciones telefónicas y registros fotográficos- demuestran que la maniobra estaba naturalizada dentro de la estructura policial. Frases como “¿cuánto le juntaste?”, “terminé de firmar los papelitos” y “hay que meterle ganas” fueron detectadas en conversaciones que hacen alusión directa a la recaudación ilegal.

En los allanamientos también se secuestró un posnet domiciliario y una autorización de ingreso a la Jefatura en poder del encargado de la estación Puma, lo que refuerza la hipótesis de vínculos institucionales con oficiales de mayor jerarquía.

LN