Olmedo López acusa a la Fiscalía y sacude la lucha anticorrupción en Colombia

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, se ha convertido en una figura central del escándalo de corrupción más delicado que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro. López denunció el uso irregular de más de 25.000 millones de pesos colombianos en contratos amañados y pagos indebidos, mencionando en sus declaraciones a figuras como Sandra Ortiz (exconsejera presidencial), Carlos Ramón González (director del DAPRE en el momento de los hechos) y Ricardo Bonilla (ministro de Hacienda). Si bien estos nombres aparecen en sus testimonios, ninguno de ellos ha sido judicializado hasta la fecha.

López asegura que desde las altas esferas del poder se ofrecieron contratos y beneficios a congresistas a cambio de apoyar reformas clave del Ejecutivo. Su colaboración con la justicia fue inicialmente bienvenida por la Fiscalía, que firmó un preacuerdo para reducir su condena a cambio de pruebas sustanciales y declaraciones comprometedoras.

Rechazo judicial y sensación de abandono

En mayo de 2025, un juez en Bogotá rechazó el preacuerdo alcanzado entre López y la Fiscalía, que proponía una condena de seis años de prisión y una multa de 724 millones de pesos. El juez consideró que la sanción era desproporcionada frente a la gravedad de los delitos y al monto de los recursos públicos comprometidos. Sin embargo, lo que más inquietó a López fue que la Fiscalía decidió no apelar esta decisión, lo que él interpretó como una señal de abandono y falta de respaldo institucional.

En una carta enviada al Ministerio Público, el exdirector manifestó sentirse desprotegido, advirtiendo que el mensaje que se transmite es que cooperar con la justicia puede resultar contraproducente. Además, denunció haber recibido una oferta de soborno por 13.000 millones de pesos para que guardara silencio, la cual rechazó y denunció ante las autoridades competentes.

Desigualdad en el trato a colaboradores

La frustración de López se profundiza al contrastar su situación con la de Sneyder Pinilla, otro implicado en la red de corrupción, quien sí logró una reducción de pena tras colaborar con la justicia. Pinilla fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión y devolvió más de 600 millones de pesos, recibiendo un trato que López considera más favorable pese a haber sido, según él, el primero en denunciar y entregar pruebas clave.

Desde su perspectiva, esta desigualdad en el trato debilita la credibilidad del sistema judicial colombiano y desincentiva a futuros colaboradores en procesos por corrupción. También pone en entredicho los criterios de la Fiscalía para manejar acuerdos de colaboración y ofrece una imagen errática de su accionar.

Olmedo López, protagonista y principal delator del caso UNGRD, le envió una dura carta a la Fiscalía. Allí aseguró que esa entidad parece desconocer su colaboración para desvelar el peor escándalo del gobierno Petro. pic.twitter.com/Z41CvbxQDu

— Juan David Laverde (@jdlaverde9) June 2, 2025

La delgada línea entre justicia y cálculo político

El caso de Olmedo López no solo destapa una compleja trama de corrupción dentro de las instituciones estatales, sino que también pone a prueba el compromiso real de la Fiscalía con la verdad y la rendición de cuentas. La anulación del preacuerdo y la falta de respaldo posterior no solo lo afectan personalmente, sino que ponen en riesgo la efectividad de futuras colaboraciones judiciales.

En un contexto donde el país reclama transparencia y sanciones ejemplares, el tratamiento recibido por López podría tener un efecto paralizante sobre otros potenciales delatores. En definitiva, más allá de las responsabilidades individuales, este episodio revela la fragilidad de los acuerdos anticorrupción cuando las garantías institucionales no están a la altura del desafío.