
Distintas entidades que nuclean a profesionales de todo el país se declararon en pie de guerra contra el proyecto de ley de la diputada Marcela Pagano (LLA) que propone reemplazar la colegiación obligatoria por un Registro Nacional dependiente del Ministerio de Capital Humano.
El Colegio de Ingenieros Distrito V, que agrupa a profesionales de la ingeniería en el área metropolitana, emitió un comunicado en el que alerta sobre la desprotección ciudadana y la precarización laboral que traería la eliminación de las matrículas provinciales.
Su presidente, Damián Andrieu, advirtió: “¿Sin colegios profesionales? Generará desprotección en la sociedad y precarización laboral. La matrícula profesional no es un mero trámite burocrático, sino la única garantía de que un profesional cumple con los estándares éticos y técnicos necesarios para ejercer responsablemente.”
El Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires y otras cuatro entidades homólogas repudiaron el proyecto, en un comunicado conjunto donde señalaron que: “La iniciativa representa una grave amenaza para la organización federal del sistema profesional, vacía de competencias a los colegios provinciales y desfinancia funciones esenciales como el control ético y la capacitación continua”.
Asimismo, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la PBA (FEPUBA), que agrupa a 27 colegios, recordó la consagración constitucional de los colegios en la provincia y advirtió que desfinanciarlos es “atentar contra la garantía de un verdadero Estado de Derecho”.
En su columna en Código Baires, el analista Leonardo Di Lorenzo calificó el proyecto como “un retroceso gravísimo” y advirtió que “desregula todo, desprecia el conocimiento científico y habilita el ejercicio profesional sin control ni sanciones”.
Desprotección ciudadana: Sin órganos colegiados, desaparece el control ético y técnico.
Precarización laboral: Aumento del intrusismo y caída de honorarios mínimos, deteriorando la calidad.
Riesgo constitucional: Violación al régimen federal de matrículas establecido en la Constitución.
Desfinanciamiento: Sin aportes obligatorios, se paraliza la formación continua, tribunales de ética y seguros profesionales.
Los colegios anunciaron que exigirán el retiro inmediato del proyecto y convocarán a legisladores de todos los bloques a rechazarlo. De avanzar en el Congreso, anticipan acciones judiciales y movilizaciones en todo el país, con el respaldo de universidades y organizaciones sociales.