
El gobierno de Tucumán dispuso la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi, a raíz de la crisis institucional desatada por la difusión de un audio en el que el intendente Luis “Pato” Campos aparece involucrado en presuntos nexos con el narcotráfico y otras irregularidades. La decisión fue anunciada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien además convocó a elecciones anticipadas para el próximo 26 de octubre.
La grabación que desencadenó la medida fue realizada por el empresario local Roberto Giménez, proveedor de obras públicas, quien denunció al intendente por el robo de maquinaria municipal y le reclamó un pago millonario. En el diálogo, Giménez reprocha a Campos su supuesta falta de autoridad para gobernar y lo acusa de manejar la policía y el narcotráfico en el distrito.
“Vos tenés que decirle: ‘Soy el intendente, soy el que maneja la policía, soy el que maneja la droga, soy el que maneja las muertes, todo’. Necesitás un Al Capone para gobernar, no un Lassie”, se escucha en uno de los fragmentos más fuertes del audio.
Campos reconoció ser la voz que aparece en la grabación, pero negó cualquier implicación en actividades ilegales. Sin embargo, la difusión del audio generó un fuerte impacto político y social en la provincia, que derivó en la intervención del municipio y del Concejo Deliberante.
El gobernador Jaldo designó como interventor a Guillermo Norry, dirigente histórico del peronismo tucumano, y aseguró que no habrá impunidad para quienes estén involucrados en irregularidades. “Van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional los vamos a intervenir”, advirtió.
𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗲 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 | Mediante conferencia de prensa anunciamos la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi, una decisión de carácter extraordinario adoptada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ingresó hoy a primera hora en la Honorable… pic.twitter.com/yceqbzK90G
— Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) June 9, 2025
En el marco de la intervención, se llevaron a cabo allanamientos en domicilios de Campos, Giménez y otros funcionarios municipales, a cargo de la policía provincial y la Gendarmería, en un operativo ordenado por el Ministerio Público Fiscal.
La intervención se fundamenta en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que habilita al Ejecutivo a intervenir gobiernos municipales en situaciones de grave desorden institucional, con un plazo máximo de 180 días para normalizar la administración.
El decreto oficial señala que los habitantes de Juan Bautista Alberdi han sido víctimas de sucesivos hechos relacionados con la venta ilegal de estupefacientes y que las denuncias penales contra las autoridades del municipio agravaron la crisis institucional.
Con la intervención en marcha y la convocatoria a elecciones, el gobierno provincial busca recuperar la gobernabilidad y la confianza ciudadana en Alberdi, mientras avanza la investigación judicial que podría develar nuevos vínculos entre política y narcotráfico en la región.