
Un nuevo conflicto se desató en Avellaneda luego de que el Gobierno nacional confirmara que un complejo habitacional ubicado en esa localidad bonaerense, originalmente construido bajo el plan PROCREAR, será destinado a integrantes de las fuerzas federales.
La medida fue duramente cuestionada por vecinos y dirigentes políticos locales, que aseguran que las viviendas ya habían sido adjudicadas a 160 familias.
La denuncia fue encabezada por el dirigente del Frente Renovador de Avellaneda, Armando Bertolotto, quien señaló que las unidades habitacionales fueron construidas con fondos públicos en el marco del plan PROCREAR.
Las familias adjudicatarias habían cumplido con todos los requisitos para acceder a una hipoteca a largo plazo a través del Banco Hipotecario Nacional.
“Estas familias iban a acceder a su primera vivienda. Es un derecho adquirido. Muchos ya habían comenzado a comprar muebles, ilusionados con mudarse y dejar atrás el alquiler”, expresó Bertolotto en diálogo con medios locales.
Además, el referente opositor subrayó que los beneficiarios estaban preparados para comenzar a pagar la primera cuota en cuanto tomaran posesión de los departamentos.
“El diseño del programa contemplaba esta situación: no se puede pagar un alquiler y una hipoteca al mismo tiempo. Por eso, el cronograma estaba pensado para facilitar la transición”, explicó.
El hecho generó malestar y frustración entre los adjudicatarios, que se enteraron de la decisión oficial poco antes del acto de entrega, previsto para este martes 10 de junio a las 14:30 en la intersección de Intendente Luis Raúl Sagol y Mariano Acosta, en Avellaneda.
La ceremonia contará con la presencia de autoridades del Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, y del Ministerio de Economía.
Según la convocatoria oficial a la prensa, las viviendas serán administradas directamente por las fuerzas de seguridad como parte de un programa para mejorar las condiciones de vida del personal.
El mismo se implementará en distintas provincias del país, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Tierra del Fuego.
Bertolotto advirtió que las familias afectadas están organizándose y pidió al Gobierno que no agrave la situación: “Espero que no se les ocurra reprimir a personas que solo quieren ejercer el derecho a su casa. Vamos a acompañarlos en la defensa de lo que les corresponde”.
Este martes será el acto oficial con presencia de funcionarios. Hasta el momento, no hubo respuesta oficial a las denuncias.
FS