Protesta en Santa Fe: el punto de quiebre que podría dejar a Pullaro sin policía

La provincia de Santa Fe atraviesa su hora más crítica desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro. Lo que comenzó como un reclamo por mejoras salariales y asistencia en salud mental tras el suicidio de un suboficial, se transformó en una "rebelión" de brazos caídos que ya afecta el patrullaje en las calles de Rosario y la capital provincial.

El choque: armas retiradas y denuncias penales

La respuesta del Gobierno santafesino fue inmediata y drástica para evitar una escalada. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó el pase a disponibilidad de al menos 20 agentes en Rosario y otros 60 en la ciudad de Santa Fe, a quienes se les retiró el arma reglamentaria, el chaleco y la credencial.

"Utilizar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a consentir"

Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de Santa Fe, anunció que hay "cerca de 20 funcionarios policiales que están siendo pasados a disponibilidad". pic.twitter.com/xWyM5OZXEq

— Corta (@somoscorta) February 10, 2026

El conflicto no quedó en el plano administrativo: el Ejecutivo impulsó denuncias penales ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por el abandono de servicio que dejó a decenas de patrulleros estacionados frente a las jefaturas. La Justicia investiga ahora los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, evaluando si el retiro de los móviles facilitó la comisión de delitos en las zonas que quedaron sin custodia.

El drama detrás del uniforme: salud mental y desarraigo

A pesar de que el Gobierno anunció un plus de hasta $500.000 para los agentes de calle y llevó los salarios iniciales por encima del $1.600.000, el malestar persiste porque el aumento no es remunerativo y no alcanza a toda la fuerza. Sin embargo, la raíz del problema es más profunda y humana: el "desarraigo" y la salud mental.

Cientos de oficiales deben viajar más de 500 kilómetros desde el norte provincial (Vera o Reconquista) para patrullar en Rosario, perdiendo gran parte de su descanso en rutas deterioradas y viviendo en condiciones precarias.La muerte del suboficial Oscar Valdez, quien se quitó la vida frente a la Jefatura de Rosario, fue el detonante que unificó a las familias en un reclamo de "humanización" de la fuerza que hoy desborda al poder político. Solo en 2025, se registraron 25 suicidios de efectivos en la región, lo que revela una crisis sanitaria interna que los bonos económicos no logran tapar.

Qué puede pasar: ¿se rompe el pacto de seguridad?

El mayor riesgo ahora es político y social. La seguridad es el capital político más importante de Pullaro, quien basó su gestión en la baja drástica de los homicidios y la violencia narco. Si la "rebelión" se extiende, el gobernador se enfrenta a tres escenarios inmediatos:

• Pérdida de autoridad: al sancionar masivamente a los efectivos de calle, que son paradójicamente los que ejecutan el plan de seguridad, el Gobierno corre el riesgo de resentir la operatividad que tanto le costó conseguir.
• Intervención federal: el ministro Cococcioni ya mantiene diálogo permanente con su par nacional, Alejandra Monteoliva, para que las fuerzas federales reemplacen el patrullaje provincial si el conflicto se profundiza. Esto significaría admitir que la policía propia no es confiable.
• Rebrote de violencia narco: sectores de la oposición y el propio Gobierno temen que este vacío de autoridad sea aprovechado por las bandas criminales para retomar el control de los barrios de Rosario que habían sido pacificados bajo el Plan Bandera.

El Gobierno de Santa Fe trazó una raya: no negociará la seguridad pública y acusa a sectores "corruptos y desplazados" de usar el reclamo legítimo para desestabilizar la gestión. Mientras tanto, en los portones de las jefaturas, las sirenas siguen sonando y la tensión no cede, dejando la seguridad de los santafesinos en un peligroso compás de espera.

TM