Rurales alzan la voz contra las cautelares sobre fitosanitarios: “Lo tiene que resolver la política”

La creciente judicialización contra el uso de fitosanitarios que limitan los cultivos volvió a encender alarmas entre los productores rurales de la provincia de Buenos Aires.

El tema fue eje de la reunión mensual de las 16 rurales del sudeste que integran la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), realizada días atrás en Mar del Plata, con la Sociedad Rural local como anfitriona.

La preocupación no es nueva. En los últimos meses, la Suprema Corte bonaerense suspendió artículos de las ordenanzas de Tandil y Rauch y amplió las zonas de exclusión para aplicaciones, mientras revisa la normativa local. En paralelo, en Pergamino el conflicto dio un paso más allá: allí no se discuten solo distancias o competencias municipales, sino que productores enfrentan un juicio penal federal por presunto daño ambiental.

En el sudeste bonaerense recordaron que Mar del Plata fue uno de los primeros distritos en atravesar la problemática, entre 2012 y 2014, cuando acciones judiciales de particulares derivaron en restricciones que todavía hoy condicionan miles de hectáreas productivas en el segundo cinturón hortícola más grande del país.

Según los dirigentes rurales, el patrón es repetido: denuncias individuales, intervención judicial, ampliación de zonas de exclusión y, como efecto colateral, corrimiento de productores hacia otros partidos. Lo que comenzó en General Pueyrredón -advierten- se extendió luego hacia Tandil, Rauch y Azul, y amenaza con seguir expandiéndose.

En ese marco y en diálogo con NewsDigitales, el presidente de la entidad rural marplatense, Juan Carlos Petersen, planteó que el problema ya no puede abordarse distrito por distrito. A su entender, la falta de un ordenamiento territorial claro y la ausencia de una norma nacional uniforme generaron un conglomerado de criterios disímiles y regulaciones que, lejos de dar certezas, profundizó la conflictividad.

El reclamo que ahora llegó hasta CARBAP y eventualmente a la Mesa de Enlace apunta a unificar reglas, delimitar responsabilidades y evitar que la discusión quede librada exclusivamente a la vía judicial.

“Hoy soy yo, mañana sos vos”

Petersen recordó que cuando el conflicto estalló en General Pueyrredón hace más de una década muchos lo veían como un caso aislado.

“Cuando iba el año pasado a las reuniones del sudeste y les hablaba de este tema que nos pasaba, me miraban y me decían ‘¿en qué te podemos ayudar? A nosotros no nos toca’. Y yo quería decirles: muchachos, hoy soy yo, pero en unos años nos va a tocar a todos” explicó.

Para el dirigente, ese anticipo terminó confirmándose con lo ocurrido en Tandil y Rauch tras la intervención de la Suprema Corte bonaerense.

“Todo esto arranca en Mar del Plata porque tiene el segundo cinturón hortícola de la Argentina. Cuando quedaron casi 23 mil hectáreas con limitaciones, los productores se fueron. ¿Y a dónde se fueron? A Tandil, a Rauch y a Azul. Y lo que pasó fueron los conflictos en los partidos de ellos” razonó.

Corrimiento productivo y la irrupción de un negocio inmobiliario

Uno de los ejes más sensibles es el impacto económico y territorial de las restricciones judiciales.

“Un productor que está en esa zona no va a pedir un crédito para producir”, advirtió el dirigente de la Rural de Mar del Plata, al dar cuenta de la falta de incentivos para invertir en los campos de la zona.  

A eso sumó un fenómeno que, según describió, se consolidó en los últimos años: el avance de desarrollos inmobiliarios sobre tierras productivas que quedaron en el limbo por las restricciones de la justicia.

“El que estaba a 2 mil metros, que podía producir, hoy tiene un barrio privado en el medio. Esto lo están aprovechando emprendimientos inmobiliarios en hectáreas absolutamente productivas y eso te corre mil metros más” lamentó Juan Carlos Petersen.

Para el dirigente rural, la falta de planificación política generó desplazamiento progresivo de la actividad, con pérdida de inversión y mayor incertidumbre entre los productores. 

Ordenamiento territorial y organismos nacionales bajo la lupa

En su análisis, Petersen identificó dos “grandes patas” que, a su juicio, están fallando.

La primera es el ordenamiento territorial. “En General Pueyrredón nunca se definió qué es urbano y qué es rural. Ni en Mar del Plata ni en otros partidos se sabe dónde termina lo urbano y empieza lo rural” sostuvo.

“Los municipios están en falta por no hacer un ordenamiento territorial sostenible que prevenga conflictos, riesgos naturales y optimizar el aprovechamiento de los recursos. Nada de esto se hizo. Ni en Mar del Plata ni en otros partidos” insistió.

Reunión mensual de las 16 rurales del sudeste bonaerense 

A ello agregó la falta de involucramiento de los municipios ya que se trata de problemáticas duraderas en el tiempo que superan los tiempos de las gestiones: "Cuando vino todo esto de los juicios particulares la respuesta de la municipalidad, al menos la de Mar del Plata, fue no voy a hacer nada. Porque están cuatro años y esto dura 20 años y después no quieren ir a declarar a un juicio" consideró. 

Y lanzó una advertencia sobre los criterios judiciales: “Si para la Justicia núcleo urbano son cuatro o más personas, estamos perdidos, porque no podemos hacer nada en ningún lado. Ya ni en el campo porque un empleado tuyo con dos o tres hijos ya son núcleo urbano” explicó.

La segunda situación apunta al rol de organismos nacionales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

“El INTA nunca se metió en esto y tendría que trabajar con el SENASA, que para eso está. El SENASA tiene que decir: estos productos sí, son de banda verde y están aprobados, y estos no”.

También cuestionó los controles en comparación con los organismos europeos: “En Europa son absolutamente severos. Acá en Mar del Plata y su cinturón hortícola cada cajón que entra a venta debería estar controlado y los que no respetan y pretenden entrar algo que está contaminado se lo decomisas y si querés por idiota con acoplado y todo” expresó.

De la discusión municipal al juicio penal

Aunque en la mayoría de los distritos el debate gira en torno a distancias y ordenanzas, el caso de Pergamino marcó, para los productores, un punto de inflexión.

“Peor y mucho peor es lo que le está pasando a Pergamino, que tiene a siete productores en un juicio oral directamente por la justicia federal” consideró el dirigente rural.

Para Petersen, ese escenario demuestra que el conflicto escaló desde la regulación local hacia la responsabilidad penal individual. “Esta gente -por particulares y ambientalistas- fueron directamente por daño ambiental haciéndole juicio no a los municipios sino directamente a los productores” indicó.

“Soy ingeniero agrónomo y ningún productor quiere matar a nadie al pasar un glifosato en un rastrojo” sostuvo.

“Nació de la política y lo tiene que resolver la política”

Frente a lo que describen como un mapa fragmentado -con municipios que permiten aplicaciones a 100 metros y otros que las restringen a 1.000- el planteo del sudeste bonaerense apunta a abogar por una norma o regulaciones de alcance nacional.

“¿Por qué unos pueden a cien metros y otros a mil si la Argentina es la misma? No tiene que ser así. La ley tiene que ser nacional y que se pueda o no se pueda en todos lados” advirtió Juan Carlos Petersen, un planteo similar al realizado por el intendente de Pergamino, Javier Martínez, respecto a la necesidad de una solución nacional.  

La reunión dejó, además, una señal interna: CARBAP tiene definido acompañar jurídicamente a productores y asumir el tema como propio dentro de la agenda provincial.

“Lo que yo cacareaba hace un año llegó. CARBAP lo va a asumir directamente como problema” dijo, en referencia a las palabras del protesorero de CARBAP, Santo Rosati, quien estuvo presente en la reunión y anunció que la entidad ya está asesorándose jurídicamente para acompañar a los productores.

Y cerró con una definición que sintetiza el reclamo del sector: “O el país se pone y dice con esto hay que terminar y estas son las reglas o seguiremos igual. Esto es un tema que nació de la política y lo tiene que resolver la política” concluyó.