Una serie de mensajes violentos publicados en redes sociales fue el punto de partida de una investigación que terminó con un allanamiento en el barrio porteño de Villa Crespo y la detención de un hombre acusado de amenazar a la senadora nacional Patricia Bullrich. El operativo fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.
El caso se remonta a mayo de 2025, cuando personal especializado en inteligencia criminal detectó publicaciones provenientes de un usuario que difundía imágenes y expresiones intimidatorias dirigidas contra la entonces ministra de Seguridad. Entre ellas, una ilustración con el rostro de la funcionaria acompañada por la frase “Muerte a los enemigos del pueblo”, lo que encendió las alertas.
A partir de ese hallazgo, los investigadores iniciaron un trabajo de análisis digital que permitió ubicar al presunto autor de los mensajes. Según determinaron, operaba desde un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y mantenía actividad vinculada a sectores radicalizados, con participación en movilizaciones y espacios de militancia.
Con esos elementos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo, ordenó el allanamiento de la vivienda del sospechoso.
El procedimiento derivó en su detención y en el secuestro de una gran cantidad de objetos que quedaron incorporados a la causa. Entre ellos había réplicas de un fusil de asalto AK-47, cinco pistolas, dos revólveres, cascos de uso militar, máscaras antigás, cuchillos de gran tamaño y cinturones con municiones.
Además, los agentes encontraron teléfonos celulares, computadoras, notebooks y dispositivos considerados de interés para el análisis forense, junto con botellas, sogas y otros elementos que podrían ser utilizados para la fabricación de artefactos incendiarios.
Durante el allanamiento también se incautaron banderas con consignas antifascistas, insignias del movimiento Antifa, banderas palestinas y pines con amenazas dirigidas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios nacionales.
De acuerdo con la investigación, el detenido no solo habría sido el autor de los mensajes intimidatorios, sino que también actuaba como nexo entre distintos sectores militantes y participaba activamente en protestas.
El hombre, de 37 años, quedó a disposición de la Justicia federal, imputado por el delito de amenazas e intimidación pública. La causa continúa abierta y los investigadores ahora analizan los dispositivos secuestrados para determinar el alcance de sus actividades y posibles vínculos.
