El Senado debatirá este viernes desde las 11 el proyecto de Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil, en una sesión que marcará el cierre político de las sesiones extraordinarias antes del discurso presidencial del domingo ante la Asamblea Legislativa.
La iniciativa laboral, impulsada por el Poder Ejecutivo, introduce cambios profundos en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga, con impacto directo en las relaciones de trabajo.
El oficialismo llega al recinto con los votos comprometidos de gobernadores aliados, entre ellos Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).
La negociación política fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tuvo como una de sus principales articuladoras parlamentarias a Patricia Bullrich.
El Senado tratará el texto con la única modificación introducida por Diputados: la eliminación del artículo 44, que reducía los salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales.
Entre los puntos centrales del proyecto se destacan; Vacaciones: podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días y no necesariamente deberán otorgarse en verano cada año.
La norma restringe el derecho de huelga al ampliar la definición de “servicios esenciales”, que deberán garantizar una cobertura mínima del 75%, y de “servicios trascendentales”, con un piso del 50%.
También se tipifican como “infracciones muy graves” determinadas acciones durante medidas de fuerza, como afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a un paro.
La sesión se produce tras un trámite exprés que generó cuestionamientos de la oposición por la rapidez del dictamen en comisión.
Para el Gobierno, la eventual sanción significará una victoria política estratégica en la antesala del mensaje presidencial ante el Congreso. Para los gremios y bloques opositores, en cambio, abrirá un nuevo frente de conflicto, tanto en el plano sindical como judicial.
Con este debate, el Senado se convierte en el escenario de una definición que marcará el pulso económico y laboral de 2026.
ND