El jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, lanzó un duro discurso contra la reforma laboral aprobada por el Congreso y aseguró que se trata de “una ley repugnantemente gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino”. Sus declaraciones marcaron uno de los cierres más tensos del debate parlamentario.
Durante su intervención, el legislador formoseño cuestionó el procedimiento legislativo y denunció que el proyecto tuvo un “tratamiento exprés” pese a impactar —según sostuvo— sobre más de 20 millones de argentinos. “Nació mal y termina mal”, afirmó, al advertir que la norma terminará judicializada por presuntas irregularidades constitucionales.
Mayans también apuntó contra el origen del proyecto y aseguró que fue elaborado por sectores empresarios. “Es un proyecto inconsulto, hecho por estudios de abogados de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”, sostuvo, al tiempo que rechazó el argumento oficial de la modernización laboral.
Uno de los ejes centrales de su crítica fue el Fondo de Asistencia Laboral incluido en la reforma, al que calificó como “un robo a cara descubierta a los jubilados y pensionados”. Según el senador, el esquema vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional al romper el principio protectorio del derecho laboral argentino.
El dirigente peronista advirtió además que la reforma debilita la representación sindical y reduce la capacidad de defensa colectiva de los trabajadores. “El trabajador solo tiene su tiempo para sostener a su familia y esta ley le arruina esa posibilidad”, expresó, antes de insistir en que la iniciativa es “abiertamente anti trabajador”.
El discurso de Mayans reflejó la estrategia del peronismo de trasladar la discusión laboral al plano judicial y político tras la derrota parlamentaria. Desde la oposición anticipan presentaciones para frenar aspectos centrales de la norma, mientras el oficialismo defiende la reforma como condición necesaria para dinamizar el empleo formal.
La aprobación de la ley profundiza así la grieta sobre el modelo laboral argentino: mientras el Gobierno de Javier Milei plantea un cambio estructural orientado a la flexibilización y reducción de costos, el bloque justicialista sostiene que se trata de un retroceso en derechos históricos. El conflicto recién comienza y promete extenderse más allá del Congreso.