Barrios populares en la mira: el pedido urgente de Grabois a Milei en Diputados

Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones al Poder Ejecutivo sobre el estado actual de la política de integración socio urbana y del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

El proyecto es impulsado, entre otros, por Fernanda Miño, Santiago Cafiero, Juan Grabois, Germán Martínez, Jorge Taiana y Natalia Zaracho. La iniciativa apunta a poner bajo revisión el rumbo que tomó el Gobierno en materia de urbanización de barrios populares.

Qué información le pide el Congreso al Gobierno

El núcleo del proyecto consiste en una solicitud formal de informes sobre diez aspectos centrales vinculados a la implementación de la política de integración socio urbana.

Entre otros puntos, los legisladores reclaman precisiones sobre:

• La estructura actual del área encargada de ejecutar esta política.
• La situación administrativa, jurídica y financiera del FISU.
• La ejecución presupuestaria de 2024 y 2025.
• Las previsiones para 2026.
• Los convenios vigentes con provincias, municipios, cooperativas y organizaciones sociales.
• El estado de avance de las obras.
• La cantidad y situación laboral del personal.
• Las eventuales cesantías desde enero de 2025.
• El plan de continuidad institucional.
• Los saldos disponibles del fondo en los últimos tres años.

Según el texto, el objetivo es que el Ejecutivo informe “a la mayor brevedad posible” sobre estos aspectos para permitir el control parlamentario de una política considerada estratégica.

La Ley de Barrios Populares como política de Estado

En los fundamentos del proyecto, los autores recuerdan que la Ley 27.453, sancionada en 2018 por unanimidad, estableció el marco legal para la integración socio urbana de barrios populares y creó el FISU como herramienta de financiamiento.

Esa norma se apoyó en el trabajo previo del Registro Nacional de Barrios Populares, que permitió identificar, mapear y censar villas y asentamientos en todo el país. Según los diputados, esa experiencia se convirtió en una referencia regional en materia de políticas públicas.

Además, señalan que en 2019 y 2020 el Congreso reforzó el financiamiento del fondo mediante otras leyes, consolidando lo que definen como una “política de Estado” destinada a revertir la exclusión urbana.

Obras frenadas y preocupación en los barrios

Uno de los ejes centrales del pedido de informes es la situación actual de las obras de infraestructura en barrios populares. Según el documento, “cientos” de proyectos se encuentran hoy paralizados o abandonados, lo que genera incertidumbre y perjuicios materiales en las comunidades afectadas.

Los legisladores advierten que el freno de estas políticas impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes, que muchas veces carecen de servicios básicos como agua potable, cloacas o redes eléctricas seguras.

También sostienen que la falta de presencia estatal favorece el avance de estructuras delictivas en los territorios, en un contexto marcado por el desempleo y la precariedad social.

Críticas al desfinanciamiento y a la reorganización del área

En los fundamentos, el proyecto cuestiona además las decisiones recientes del Gobierno en materia institucional. Según los firmantes, el Ejecutivo habría interrumpido el financiamiento del FISU y degradado la Secretaría de Integración Socio Urbana al rango de Subsecretaría.

Incluso mencionan versiones sobre una posible nueva degradación del área, que pasaría a ser una dirección, con el consecuente recorte de personal. De concretarse, advierten, podría implicar la desvinculación de la mayoría de los trabajadores.

Para los autores, estas medidas ponen en riesgo la continuidad de una política pública respaldada por el Congreso.

El trasfondo político del reclamo

El pedido de informes se inscribe en un contexto de fuerte discusión sobre el rol del Estado en las políticas sociales y de infraestructura urbana. Desde la oposición, los diputados buscan visibilizar lo que consideran un proceso de “abandono” de programas clave.

En ese sentido, sostienen que el proyecto no solo apunta a obtener datos técnicos, sino también a defender una política pública que, según remarcan, fue construida con amplio consenso político y participación social.