“Las cárceles son como Guantánamo”: un penalista analiza la baja de la violencia en Rosario

Rosario vivió en los últimos años uno de los ciclos de violencia criminal más intensos de la Argentina. Pero también experimentó, en los últimos meses, una fuerte caída de los homicidios y de los ataques vinculados al narcotráfico. Para el abogado penalista Carlos Varela, ese cambio es innegable. Lo que genera debate es el modo en que se consiguió.

“Rosario ha logrado una tranquilidad importante”, sostuvo en el Living de News Digitales. Según su mirada, esa transformación no fue casual ni espontánea, sino el resultado de una política de seguridad sostenida por el gobierno provincial con apoyo del gobierno nacional.

El abogado reconoce que las medidas aplicadas lograron impactar en el nivel de violencia. “Se ha logrado primero una baja enorme en lo que es la inseguridad, fundamentalmente en los delitos violentos, lo que tiene que ver con homicidio, y se ha logrado mantenerlo”, afirma.

Sin embargo, enseguida introduce un matiz que atraviesa toda su reflexión. A su entender, el éxito en términos de seguridad vino acompañado de un corrimiento de los límites legales que históricamente regían el sistema penal.

“Se ha hecho prevalecer el orden por fuera de lo que son las garantías”, asegura.

Para Varela, la explicación de ese fenómeno está en la presión social generada por los años más violentos de la crisis rosarina. En ese contexto, sostiene que buena parte de la sociedad reclamó respuestas rápidas y contundentes frente al avance del crimen organizado.

“La gente ha reclamado eso”, resume.

Ese reclamo, según su análisis, fue interpretado por el poder político como una señal clara sobre el tipo de medidas que debían adoptarse. El resultado fue un endurecimiento de las condiciones de detención de los presos considerados peligrosos o influyentes dentro del mundo criminal.

Es en ese punto donde el abogado utiliza una expresión que sintetiza su crítica: “Guantanamizar Rosario”.

La frase remite al famoso centro de detención estadounidense y apunta a describir el régimen aplicado a internos catalogados como de alto perfil dentro del sistema penitenciario.

“Las cárceles son como Guantánamo”, afirma.

Según su descripción, esos detenidos viven bajo condiciones de aislamiento extremo. “Una persona que cae presa y es catalogada como de alto perfil está sola encerrada en una celda durante 23 horas, sale una hora por día, no tiene contacto con los familiares”, detalla.

Incluso el contacto con los abogados defensores, asegura, quedó sujeto a controles estrictos. “El contacto con los abogados que puede tener con su defensa para preparar una audiencia o lo que sea o el juicio propiamente dicho es controlado directamente por el personal del servicio penitenciario y grabado”, agrega.

Para el penalista, la sociedad terminó aceptando ese endurecimiento del sistema penitenciario como una consecuencia inevitable de la crisis de violencia que atravesó la ciudad.

El problema, advierte, es que ese consenso social puede terminar naturalizando prácticas que hace algunos años hubieran sido consideradas incompatibles con el Estado de derecho.

“Si vos lo decías hace 15 o 20 años, cuando yo iba a la facultad, era Orwell, era el Gran Hermano”, compara.

Desde su perspectiva, el debate sobre la seguridad en Rosario quedó atrapado entre dos posiciones extremas: la defensa irrestricta de las garantías o la búsqueda de resultados inmediatos en la lucha contra el crimen.

En ese escenario, cree que el poder político eligió priorizar la eficacia. “Guantanamizar Rosario por ahí, en términos electorales o de eficacia, ha sido el único procedimiento válido como para poder lograrlo”, sostiene.

La frase no es una reivindicación del modelo, aclara, sino una descripción de cómo se resolvió la crisis de violencia que golpeó a la ciudad. Más allá de las discusiones jurídicas, Varela reconoce que la baja de los homicidios tuvo un impacto inmediato en la vida cotidiana de los rosarinos.

“El gobierno provincial ha tenido un éxito enorme en los últimos años”, admite.

Pero advierte que ese éxito también plantea una discusión de fondo sobre el equilibrio entre seguridad y derechos.

Para el abogado, el riesgo es que la excepcionalidad se transforme en regla y que el endurecimiento del sistema penal se vuelva permanente.

En ese punto, su mirada vuelve a poner el foco en las causas sociales del delito. Según sostiene, la discusión sobre seguridad suele concentrarse en los efectos de la criminalidad, pero rara vez se detiene en los factores que la generan.

“Es mucho más fácil proponer construcción de cárceles o endurecimiento de penas que tratar de evitar que la génesis de la delincuencia ocurra”, explica. Y plantea que esa prevención requiere políticas de largo plazo, vinculadas a la educación, el trabajo y la integración social.

“Eso se corrige con educación, con trabajo, con deporte y con contención social”, concluye.