La controversia generada por el viaje a Nueva York del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien participó de la gira del presidente Javier Milei acompañado por su esposa, volvió a poner en el centro del debate la necesidad de establecer reglas más claras para los desplazamientos oficiales al exterior.
En ese contexto, cobró relevancia un proyecto de ley impulsado por los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, que propone crear un régimen específico para regular los viajes internacionales de altos funcionarios del Estado, con criterios de transparencia, control parlamentario y racionalidad en el uso de recursos públicos.

La discusión se desató luego de que se conociera que la esposa del Jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, viajó junto a la comitiva oficial durante la visita del Gobierno argentino a Nueva York.
El propio Adorni confirmó el hecho en una entrevista radial y explicó que su pareja lo acompañó durante la gira. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, afirmó. Según detalló, ella ya tenía comprado un pasaje por unos 5.348 dólares, pero ante cambios en la agenda oficial “Presidencia la invitó” a viajar junto a la delegación.
La situación generó cuestionamientos políticos, principalmente porque Angeletti no ocupa ningún cargo dentro de la administración pública ni forma parte de la estructura del Gobierno.
El episodio derivó en un pedido de informes presentado por el diputado nacional Esteban Paulón, quien solicitó al Gobierno que precise en qué carácter viajó la esposa del vocero presidencial, si figuraba en el manifiesto oficial del vuelo y quién asumió los costos de traslado y estadía.
También se pidió aclarar si Angeletti se alojó en el mismo hotel reservado para la delegación oficial y si ese gasto fue absorbido por el Estado.
Otro punto que generó debate fue el nivel de gastos del viaje. La delegación presidencial se alojó en The Langham New York, Fifth Avenue, un hotel cinco estrellas ubicado en una de las zonas más exclusivas de Manhattan, donde las habitaciones base suelen oscilar entre 570 y 660 dólares por noche.
Además, el traslado se realizó en el avión presidencial ARG-01, una aeronave de gran porte con capacidad para 39 pasajeros cuyo costo operativo en giras internacionales incluye combustible, tasas aeroportuarias, logística y servicios asociados.
No aclares que oscurece, Adorni.
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 11, 2026
Al jefe de Gabinete no le quedó otra que salir a hablar y dice que su esposa viajó en el Tango 01 a EE. UU. porque "su trabajo es muy sacrificado", “quería que lo acompañe” y que "no generó costo extra". pic.twitter.com/zoV9oS3qjg
Ante las críticas, Adorni intentó restarle importancia al episodio y aseguró que la presencia de su esposa no implicó un gasto adicional para el Estado.
Según explicó, si había asientos disponibles en el avión presidencial, el hecho de que su pareja viajara en uno de ellos no generaba un costo extra para las arcas públicas.
En paralelo al debate por este episodio, volvió a cobrar visibilidad el proyecto de ley presentado por Ferraro y Frade que propone crear un “Régimen de Transparencia y Racionalidad Presupuestaria de Viajes Oficiales”. Es un proyecto que ya se presentó en otras oportunidades pero durmió plácidamente en el Congreso.
La iniciativa busca establecer reglas específicas para los desplazamientos internacionales del presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, ministros y otros altos funcionarios de la administración pública nacional.
El objetivo central del proyecto es fijar criterios claros de planificación, justificación y rendición de cuentas para cada viaje oficial al exterior financiado con recursos del Estado.
Entre los principales puntos del proyecto se establece que los gastos de los viajes oficiales deben ajustarse a criterios de austeridad y estar directamente vinculados con la agenda institucional.
En ese sentido, propone que los viáticos solo puedan calcularse por los días en los que existan actividades oficiales previstas dentro del itinerario del funcionario.
También dispone que no se reconozcan gastos de alojamiento cuando la permanencia en una ciudad sea menor a seis horas y que los traslados se planifiquen utilizando las rutas más cortas y económicas disponibles en el mercado.
El objetivo, según los autores de la iniciativa, es evitar gastos vinculados a estadías o desplazamientos que no estén directamente relacionados con la actividad oficial.

Uno de los puntos centrales del proyecto establece una diferenciación clara entre viajes oficiales y viajes privados de los funcionarios.
De acuerdo con la iniciativa, no podrán autorizarse viáticos, alojamiento ni traslados financiados por el Estado para viajes de carácter personal.
Solo de manera excepcional podrían reconocerse gastos si, en el marco de un viaje inicialmente privado, el funcionario realiza actividades oficiales debidamente documentadas.
En ese caso, deberá presentar la agenda de trabajo y la documentación correspondiente para justificar la gestión realizada.
El proyecto también propone prohibir la participación en actividades proselitistas durante viajes oficiales financiados por el Estado.
Según el texto, si un funcionario participara en actividades partidarias durante una gira institucional, los gastos podrían ser imputados personalmente.
Además, la iniciativa establece restricciones adicionales en contextos de emergencia económica o financiera. En esos casos, los viajes deberían limitarse a eventos considerados impostergables para los intereses del país y se promovería la participación virtual mediante videoconferencias.
También se plantea reducir el tamaño de las comitivas oficiales, estableciendo que cada evento sea representado por un solo funcionario salvo que exista una justificación expresa para ampliar la delegación.
Otro eje del proyecto es la creación de un sistema formal de rendición de cuentas posterior a cada viaje.
La propuesta establece que, dentro de los cinco días hábiles posteriores al regreso, los funcionarios deberán presentar un informe detallado con los gastos en viáticos, alojamiento y traslados, junto con un reporte de resultados de gestión que explique las actividades realizadas durante la gira.
Esa información debería ser remitida a las autoridades que autorizaron el viaje y publicada para su acceso público.
Además, el proyecto habilita a las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso a convocar a funcionarios que hayan participado en viajes oficiales para que expliquen las gestiones realizadas.