Frederiksen impulsa impuesto a ricos y reabre debate sobre desigualdad

En la recta final hacia las elecciones del 24 de marzo, la primera ministra danesa Mette Frederiksen decidió colocar en el centro de la campaña una propuesta que, pese a su alcance limitado, tiene un fuerte impacto político: un impuesto del 0,5% sobre las grandes fortunas. La iniciativa alcanzaría a unos 20.000 contribuyentes con patrimonios superiores a los 25 millones de coronas danesas y busca recaudar cerca de 1.000 millones de dólares para financiar reformas educativas, entre ellas la reducción del tamaño de las clases.

Más que un cambio fiscal, la medida funciona como una definición de rumbo político. Frederiksen intenta reordenar su perfil después de años de gobierno en coalición con sectores de centroderecha y de decisiones que generaron tensiones con su base, especialmente en materia migratoria.

El debate sobre el nuevo tributo se instaló en el Folketing, donde se define el rumbo fiscal y político del país.

Un giro político con mensaje hacia la izquierda

El proyecto representa un cambio relevante dentro del propio oficialismo. Los socialdemócratas habían eliminado el impuesto a la riqueza en 1997 y, más recientemente, en 2022, el gobierno de Frederiksen rechazó una propuesta similar. El impulso actual refleja tanto una necesidad electoral como una búsqueda de identidad.

En ese marco, el impuesto aparece como una señal clara hacia el electorado progresista: volver a priorizar la igualdad dentro del modelo económico danés.

El giro actual no es casual. Llega después de años en los que Frederiksen gobernó en coalición con sectores de centroderecha y adoptó medidas que generaron desgaste en su base tradicional. En ese contexto, el impuesto funciona como una señal política deliberada: recuperar perfil ideológico y reconectar con votantes que se alejaron.

Dinamarca, históricamente asociada a la igualdad, enfrenta un debate creciente sobre concentración de la riqueza y sostenibilidad del Estado de bienestar.

Así, más que una herramienta recaudatoria, la iniciativa busca reinstalar una idea central en la tradición socialdemócrata: que la igualdad debe volver a ocupar un lugar prioritario dentro del modelo económico danés.

Aunque Dinamarca suele ser vista como un país muy igualitario, cuando se mira la riqueza la realidad es distinta. En los últimos años, la porción de dinero y bienes en manos del sector más rico creció de manera sostenida. Hoy, el 1% más rico concentra casi un tercio de toda la riqueza del país, mientras que el 10% más acomodado reúne más de la mitad del patrimonio total. Es decir, una parte muy pequeña de la población acumula una porción muy grande de los recursos.

Dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, esto ubica a Dinamarca entre los países con mayor concentración de riqueza, sólo por detrás de Estados Unidos y Países Bajos. En otras palabras, incluso en una de las economías más desarrolladas de Europa, la desigualdad no sólo existe, sino que viene en aumento.

Empresarios y grandes compañías como Maersk advierten que el impuesto podría afectar la inversión y generar salida de capitales.

Entre legitimidad fiscal y temor empresarial

El respaldo a la propuesta encuentra eco en parte del ámbito académico. El economista Joseph Stiglitz sostiene que un impuesto moderado sobre las grandes fortunas difícilmente altere el comportamiento de los más ricos, pero puede fortalecer la percepción de justicia dentro del sistema fiscal. Desde el EU Tax Observatory también subrayan que la equidad tributaria es un factor central para sostener la confianza social.

Del otro lado, el rechazo empresarial fue inmediato. Referentes de compañías como Maersk y LEGO advierten que incluso una tasa baja puede desalentar la inversión y empujar capitales fuera del país. El argumento apunta a un riesgo concreto: reducir la desigualdad a costa del crecimiento.

El caso de Noruega, con impuesto a la riqueza vigente, aparece como referencia clave en el debate por sus efectos mixtos.

El espejo de Noruega

El debate en Dinamarca se apoya en la experiencia de Noruega, que mantiene un impuesto a la riqueza desde fines del siglo XIX. En los últimos años, ese esquema coincidió con la salida de contribuyentes de alto patrimonio: más de 500 personas con grandes fortunas abandonaron el país entre 2022 y 2023, según datos de centros de análisis locales.

Ese antecedente es central en la discusión actual. Para los críticos, el riesgo es claro: que incluso un impuesto relativamente bajo termine incentivando la salida de capitales, empresarios y contribuyentes clave, en un país con una economía abierta como la danesa. El temor no es sólo perder recaudación futura, sino también afectar inversión, empleo y crecimiento.

Sin embargo, la experiencia noruega también muestra otra cara. A pesar de esa salida de grandes fortunas, la recaudación del impuesto se mantuvo estable y representa una proporción relevante de los ingresos públicos. El resultado es un escenario ambiguo: la medida puede generar recursos, pero al mismo tiempo abre interrogantes sobre sus efectos económicos a largo plazo.

Una elección que excede un impuesto

A pocos días de la votación, el bloque de centroizquierda liderado por Frederiksen aparece en crecimiento en las encuestas, y el impuesto a la riqueza se consolidó como uno de los ejes de la campaña.

Lo que está en discusión, sin embargo, va más allá de una herramienta fiscal. En un contexto de mayor concentración patrimonial y creciente presión sobre el gasto público, Dinamarca se enfrenta a una pregunta que atraviesa a buena parte de Europa: cómo sostener el Estado de bienestar sin comprometer el crecimiento. La respuesta, en este caso, no se definirá sólo en el Parlamento, sino también en las urnas.