El 22 de marzo de 2005, en la antesala de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, la Cámara de Diputados fue escenario de una sesión especial que buscaba avanzar en la anulación de los indultos firmados por el ex presidente Carlos Menem a favor de represores de la última dictadura militar.
Sin embargo, la iniciativa fracasó por falta de quorum: apenas 24 legisladores bajaron al recinto, muy lejos de los 129 necesarios para habilitar el debate.
El intento, impulsado por sectores de la izquierda y el progresismo, ocurrió durante la presidencia de Néstor Kirchner, en un contexto marcado por la reapertura de los procesos de memoria, verdad y justicia.
La sesión especial había sido solicitada por la diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh, quien promovía la anulación de los decretos 1002/89, 2741/90 y 2746/90, que habían beneficiado, entre otros, a los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera.
Durante su intervención, Walsh fue la única oradora de la sesión y sostuvo con firmeza la necesidad de avanzar con la iniciativa: “El Poder Ejecutivo no podía disponer estos indultos porque se trata de delitos de lesa humanidad”. En la misma línea, agregó: “Mantener estos decretos significa estar violando pactos internacionales de derechos humanos”.
La legisladora también había advertido que los decretos firmados por Menem constituían “una amnistía encubierta” y remarcó que ese tipo de decisiones “no pueden quedar firmes en un Estado de derecho”.

Pese al impulso de distintos bloques minoritarios, la sesión no logró reunir el número necesario de legisladores. La ausencia del justicialismo y de la Unión Cívica Radical resultó determinante para el fracaso del debate.
“¿No hay memoria en el justicialismo ni en el radicalismo?”, cuestionó Walsh durante la fallida jornada, visiblemente crítica por la falta de acompañamiento de las principales fuerzas políticas.
Tras la sesión, la diputada reafirmó su postura: “Recorrer este camino no es un fracaso, pero sí lo es tener un país sin justicia”. Y agregó: “Si es necesario, pediremos una sesión especial por mes, o una por semana”.
Los legisladores que dieron quorum a la fallida sesión especial fueron:
No era la primera vez que Walsh impulsaba esta iniciativa. Ya en 2003 había presentado un proyecto similar, en paralelo al avance que ese mismo año logró el Congreso con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
En 2005, la diputada recordó esos antecedentes y buscó contextualizar el revés parlamentario: “Antes de que se anularan las leyes de impunidad también hubo muchos episodios como éste”. Y reforzó su compromiso: “Hasta el último día de mi mandato voy a insistir con este proyecto”.
Para ese momento, algunos fallos judiciales ya habían declarado la inconstitucionalidad de los indultos en causas específicas, como las vinculadas a la ESMA y al Primer Cuerpo de Ejército. Sin embargo, esas decisiones no alcanzaban a todos los beneficiarios.
Walsh insistía en que el Congreso debía intervenir: “No se trata sólo de decisiones judiciales aisladas, sino de una definición política clara contra la impunidad”.
Rodolfo Walsh, padre de la diputada, fue un destacado periodista y escritor argentino, desaparecido en 1977 durante la última dictadura militar. Autor de Operación Masacre y de la célebre “Carta abierta a la Junta Militar”, su figura es un símbolo de la denuncia contra el terrorismo de Estado.
Su legado estuvo presente en el impulso político de Patricia Walsh, quien vinculó la lucha contra los indultos con la necesidad de consolidar una política de derechos humanos sin excepciones.