El Ministerio de Capital Humano ordenó la suspensión preventiva de 25 cooperativas que operaban en el partido de La Matanza. La medida fue ejecutada tras detectar irregularidades en el cumplimiento de los derechos laborales y la seguridad social de sus integrantes.
La fiscalización estatal reveló que las organizaciones utilizaban una estructura formal para eludir normativas vigentes. El organismo encargado de regular estas entidades abrió un sumario administrativo para determinar responsabilidades.
El relevamiento oficial determinó que las 25 cooperativas operaban en una oficina municipal en San Justo y omitían el pago de aportes jubilatorios y seguridad social para 119 personas.
La investigación surgió a partir de un muestreo realizado sobre los asociados de las entidades. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) detectó que 119 trabajadores contratados no contaban con los beneficios de seguridad social obligatorios.
Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/ZbxZM7YGIV
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) March 26, 2026
Según el informe oficial, las organizaciones habrían desvirtuado los principios de la Ley N° 20.337. Esta normativa exige que las cooperativas funcionen bajo pautas de ayuda mutua y esfuerzo propio, sin vulnerar los derechos previsionales de sus miembros.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la ubicación física de las entidades. Las 25 cooperativas declararon como domicilio legal la calle Entre Ríos 3269, en la localidad de San Justo.
Ese domicilio corresponde a la Unidad Ejecutora Operativa Matanza, una oficina que depende del gobierno local. Debido a esto, las autoridades nacionales investigan el grado de participación de la Municipalidad de La Matanza y de sus funcionarios en la coordinación de estas entidades.
El relevamiento determinó que los trabajadores no percibían aportes jubilatorios ni contaban con cobertura de salud. La Resolución 4664/13 del INAES establece que estas organizaciones deben cumplir con el régimen previsional de trabajadores autónomos o sistemas similares.
El Gobierno sostiene que se utilizó la figura jurídica cooperativa para "eludir la normativa vigente". Al no realizar los aportes, las entidades ahorraban costos a expensas de la protección social de los contratados, según detalló la ministra Sandra Pettovello.
La medida implica el cese inmediato de toda la operatoria de las cooperativas alcanzadas. La decisión busca evitar que se sigan acumulando irregularidades mientras avanza la investigación administrativa y judicial.
El sumario deberá dilucidar si existió una maniobra orquestada desde la administración municipal. La nómina incluye organizaciones con nombres correlativos, como la Coop. de Trabajo La Matanza 12 Ltda., la Coop. de Trabajo La Matanza 49 Ltda. y la Coop. de Trabajo Fortalecer Ltda.
El sumario administrativo recolectará pruebas sobre la operatoria real de estas organizaciones. El presidente Javier Milei fue informado de la medida, que forma parte de un plan más amplio de fiscalización sobre el uso de recursos públicos.
Si se comprueban las acusaciones, las cooperativas podrían perder su personería jurídica de forma definitiva. Además, la Justicia podría intervenir para determinar si hubo responsabilidades penales por parte de los directivos o de los funcionarios municipales implicados.
TM