Senado: van por la derogación del FAL, el corazón de la reforma laboral de Milei

Un proyecto de ley impulsado por la senadora salteña Flavia Royón propone derogar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los pilares centrales de la reciente reforma laboral aprobada en la Argentina.

La iniciativa, acompañada por otras legisladoras, busca eliminar íntegramente el Título II de la Ley 27.802, que creó este esquema de financiamiento de indemnizaciones.

Según los fundamentos del proyecto, el FAL no constituye un verdadero sistema de protección laboral, sino que introduce “un esquema de capitalización privada financiado indirectamente con recursos públicos”.

Qué es el FAL y cómo funciona

El Fondo de Asistencia Laboral fue incorporado en la última reforma laboral como un mecanismo alternativo al sistema tradicional de indemnizaciones por despido.

Su lógica consiste en que los empleadores realicen aportes mensuales a una cuenta individual destinada a cubrir futuras indemnizaciones.

En concreto:

• Las empresas aportan un porcentaje del salario (1% en grandes empresas y 2,5% en pymes).
• Ese aporte se capitaliza en el tiempo, generando un fondo para cada relación laboral.
• Al momento del despido sin causa, la indemnización se paga con ese fondo acumulado.

Este sistema busca reemplazar el esquema clásico en el que la indemnización se paga íntegramente al momento de la desvinculación, trasladando ese costo a un esquema de previsión gradual.

El eje central de la crítica: costo fiscal y desfinanciamiento

Uno de los argumentos más fuertes del proyecto de Royón apunta al impacto fiscal del FAL. Según el texto, el mecanismo permite a los empleadores compensar los aportes al fondo mediante una reducción en las contribuciones patronales, lo que implica una caída en la recaudación del sistema previsional.

El cálculo presentado estima un costo fiscal de $3,28 billones, equivalente a aproximadamente 0,32% del PBI, o unos USD 2.200 millones al tipo de cambio considerado.

El proyecto advierte que esta reducción implica que recursos originalmente destinados al sistema jubilatorio (SIPA) sean desviados hacia cuentas privadas, obligando al Estado a cubrir ese faltante. En otras palabras, se “socializa el costo” mientras se privatiza el beneficio.

Pérdida del efecto disuasorio del despido

Otro punto central es el impacto del FAL sobre el mercado laboral. El proyecto sostiene que el sistema elimina el rol disuasorio de la indemnización tradicional.

En el esquema vigente previo, el costo elevado del despido funcionaba como un freno económico. En cambio, con el FAL el costo se diluye en aportes mensuales, se vuelve previsible y financiado parcialmente por el Estado, y pierde su carácter de penalización.

Según la iniciativa, esto podría incentivar la rotación laboral y favorecer modelos de negocio basados en empleos de corta duración, como la tercerización o la logística.

Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro! https://t.co/jOaGZnfo8s

— totocaputo (@LuisCaputoAR) February 16, 2026

Simulaciones: cómo cambia el costo según el tamaño de la empresa

El proyecto incluye simulaciones financieras detalladas que buscan mostrar cómo el FAL impacta de manera desigual según el tamaño de la empresa.

Los resultados son uno de los puntos más llamativos:

• Microempresa (10 empleados): se requieren 6 años y 9 meses para acumular fondos suficientes para indemnizar a un trabajador con 20 años de antigüedad.
• Pequeña empresa (100 empleados): en solo 8 meses se alcanza el monto necesario para cubrir esa misma indemnización.
• Mediana (500 empleados) y grandes empresas (1000 empleados): en apenas 2 meses ya cuentan con fondos suficientes para afrontar ese costo, aunque existe un período inicial de carencia de 6 meses.

Para los autores del proyecto, estas diferencias muestran que el sistema favorece a las empresas más grandes, que pueden financiar rápidamente despidos, mientras que las más pequeñas tardan años en acumular el mismo respaldo.

Riesgo moral y regresividad

El texto también introduce el concepto de “riesgo moral”. Según el análisis, al saber que el costo del despido está cubierto por un fondo y parcialmente subsidiado, los empleadores podrían tomar decisiones de contratación menos cuidadosas, invertir menos en capacitación, o aumentar la rotación laboral.

A esto se suma una crítica por regresividad. El proyecto cuestiona que, en caso de cierre de la empresa, el remanente del fondo pueda ser devuelto al empleador, lo que transformaría el sistema en una transferencia de recursos públicos hacia el sector privado.

Cuestionamientos financieros y baja rentabilidad

Otro eje del proyecto compara el FAL con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Según los fundamentos, el FGS logró una rentabilidad nominal del 38% interanual en 2025, con rendimiento real positivo, mientras que el FAL, por su diseño, estaría limitado a instrumentos de baja rentabilidad (como money market o tasas pasivas).

Además, se advierte que las comisiones de administración podrían erosionar aún más los rendimientos, reduciendo la eficacia del fondo como mecanismo de protección del trabajador.

Un debate abierto dentro de la reforma laboral

La iniciativa de Flavia Royón, que responde al espacio del gobernador Gustavo Sáenz, reabre uno de los debates centrales de la reforma laboral: el equilibrio entre previsibilidad para las empresas y protección para los trabajadores.

Mientras el FAL fue presentado como una herramienta para modernizar el sistema y reducir la litigiosidad, este proyecto plantea que su diseño podría generar efectos inversos: mayor costo fiscal, menor protección efectiva y distorsiones en el mercado laboral.