13/11/2026 - Edición Nº1375

Política

Orden público

La Justicia respaldó el protocolo antipiquetes y el Gobierno festejó

31/03/2026 | La Cámara confirmó la vigencia de la medida impulsada por el oficialismo. Bullrich celebró el fallo y el Ejecutivo consolida su estrategia.


por Redacción NewsDigitales


La Cámara Contencioso Administrativo Federal avaló la continuidad del protocolo antipiquetes y le dio un respaldo clave al Gobierno en uno de los ejes más sensibles de su política de seguridad. La decisión revierte el fallo de primera instancia y permite que la normativa siga vigente.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que la resolución judicial reconoce al protocolo como una herramienta válida para que las fuerzas intervengan ante situaciones que afecten la circulación y el uso del espacio público, en el marco de la ley.

El fallo fue rápidamente capitalizado por el oficialismo. Patricia Bullrich, principal impulsora de la medida, celebró que “la Justicia vuelve a poner las cosas en su lugar” y reivindicó el protocolo como instrumento para terminar con los cortes y garantizar el orden.

En la misma línea, la ministra Alejandra Monteoliva remarcó que la decisión judicial “le da la razón al Gobierno” y ratificó que las fuerzas federales continuarán actuando para “defender la libertad de circulación”.

Antes de este pronunciamiento, el juez Martín Cormick había declarado la nulidad de la resolución al considerar que el Poder Ejecutivo se había excedido en sus facultades, al avanzar sobre competencias propias del Congreso.

Seguridad, discurso y disputa institucional

La validación del protocolo no solo tiene implicancias jurídicas, sino también políticas. Para el Gobierno, representa un respaldo a su narrativa de orden frente a la protesta social, en un contexto donde el conflicto económico sigue generando tensión en las calles.

El oficialismo construyó sobre este eje una parte central de su identidad, diferenciándose de gestiones anteriores y apostando a una aplicación estricta de la ley como respuesta a los cortes y movilizaciones.

Sin embargo, el debate de fondo persiste. Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición advierten sobre posibles excesos y cuestionan el alcance de la intervención estatal en manifestaciones públicas.

Con este fallo, la discusión queda abierta en otro plano: el judicial empieza a inclinar la balanza en favor del Ejecutivo, mientras la política sigue sin saldar el equilibrio entre orden público y derecho a la protesta.

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