por Redacción NewsDigitales
La Cámara Contencioso Administrativo Federal avaló la continuidad del protocolo antipiquetes y le dio un respaldo clave al Gobierno en uno de los ejes más sensibles de su política de seguridad. La decisión revierte el fallo de primera instancia y permite que la normativa siga vigente.
Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que la resolución judicial reconoce al protocolo como una herramienta válida para que las fuerzas intervengan ante situaciones que afecten la circulación y el uso del espacio público, en el marco de la ley.
El fallo fue rápidamente capitalizado por el oficialismo. Patricia Bullrich, principal impulsora de la medida, celebró que “la Justicia vuelve a poner las cosas en su lugar” y reivindicó el protocolo como instrumento para terminar con los cortes y garantizar el orden.
Nos decían tontos y que era imposible terminar con los piquetes. Lo hicimos.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 31, 2026
La Justicia vuelve a poner las cosas en su lugar: el protocolo es la herramienta para hacer cumplir la ley frente a grupos que viven de bloquear, extorsionar y tomar de rehén a millones de argentinos… https://t.co/Ta1v0QVBdC
En la misma línea, la ministra Alejandra Monteoliva remarcó que la decisión judicial “le da la razón al Gobierno” y ratificó que las fuerzas federales continuarán actuando para “defender la libertad de circulación”.
LA JUSTICIA NOS DIÓ LA RAZÓN NUEVAMENTE.
— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 31, 2026
El protocolo sirve para terminar con los cortes y defender la libertad de quienes quieren circular, trabajar y vivir en paz.
Las Fuerzas Federales van a seguir actuando cada vez que sea necesario.
En Argentina, seguridad y orden. https://t.co/WUubr5lNZS
Antes de este pronunciamiento, el juez Martín Cormick había declarado la nulidad de la resolución al considerar que el Poder Ejecutivo se había excedido en sus facultades, al avanzar sobre competencias propias del Congreso.
La validación del protocolo no solo tiene implicancias jurídicas, sino también políticas. Para el Gobierno, representa un respaldo a su narrativa de orden frente a la protesta social, en un contexto donde el conflicto económico sigue generando tensión en las calles.
El oficialismo construyó sobre este eje una parte central de su identidad, diferenciándose de gestiones anteriores y apostando a una aplicación estricta de la ley como respuesta a los cortes y movilizaciones.
Sin embargo, el debate de fondo persiste. Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición advierten sobre posibles excesos y cuestionan el alcance de la intervención estatal en manifestaciones públicas.
Con este fallo, la discusión queda abierta en otro plano: el judicial empieza a inclinar la balanza en favor del Ejecutivo, mientras la política sigue sin saldar el equilibrio entre orden público y derecho a la protesta.