La causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con la citación a declarar de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la compra del departamento en Caballito y en la vivienda del country Indio Cuá.
La medida fue dispuesta por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca reconstruir el circuito financiero de las operaciones inmobiliarias realizadas por el funcionario y su entorno. La profesional deberá aportar documentación clave para esclarecer las condiciones en las que se concretaron ambas adquisiciones.
El foco está puesto especialmente en la compra del departamento ubicado sobre la calle Miró, realizada por 230.000 dólares. Según consta en los registros, la operación se financió en gran parte con un préstamo de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras.
Ese dato encendió las alarmas judiciales: las dos mujeres que figuran como acreedoras aseguraron públicamente no tener vínculo con Adorni, lo que abrió interrogantes sobre la estructura de la transacción y el origen real de los fondos.
A esto se suma la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, y que también fue certificada por la misma escribana.
La citación se concretará después de Semana Santa, mientras el fiscal reúne documentación de los registros de la propiedad para avanzar con mayor precisión. En ese marco, Nechevenko evitó hacer declaraciones públicas y se amparó en el secreto profesional.
Por ahora, la Justicia no convocó a las mujeres que habrían financiado la operación, aunque no se descarta que eso ocurra en una etapa posterior, dependiendo de los elementos que surjan de la documentación.
El expediente, que tramita bajo la órbita del juez Ariel Lijo, avanza en paralelo al desgaste político que enfrenta el funcionario, en medio de cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio.
Con cada nueva medida judicial, el caso deja de ser un episodio aislado y se transforma en un problema estructural para el Gobierno, que hasta ahora optó por sostener a Adorni sin matices. La incógnita ya no es solo jurídica: es cuánto impacto político puede acumular una causa que sigue sumando piezas.