La muerte de un anestesista en Palermo destapó una red de fármacos robados

La investigación judicial por la muerte de Alejandro Zalazar dejó de ser un caso de muerte dudosa para convertirse en un escándalo que sacude al sistema sanitario porteño. Lo que comenzó a fines de febrero con el hallazgo del cuerpo del anestesista en su departamento de Palermo, derivó en una compleja pesquisa que vincula el robo sistemático de fármacos con una red de consumo clandestino entre médicos.

Al ingresar a la vivienda de Zalazar, los efectivos policiales encontraron una escena que marcaba el inicio del misterio: el profesional, que trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, tenía una vía de suero conectada a su pie derecho y una marca similar en el izquierdo. Los resultados de la autopsia confirmaron que falleció por una congestión y edema pulmonar, producto de una sobredosis de propofol y remifentanilo, sustancias de uso crítico en quirófanos.

El avance de la investigación permitió conectar este fallecimiento con una denuncia radicada por el Hospital Italiano por el faltante de fármacos. Un allanamiento clave en el domicilio de Zalazar arrojó un resultado contundente: los lotes de las ampollas encontradas en su poder pertenecían a las unidades sustraídas de la farmacia del Italiano. Esta prueba unificó las causas que hoy tramitan en juzgados separados pero con pruebas compartidas.

Sin embargo, el hallazgo más perturbador surgió del peritaje de los dispositivos móviles. La justicia detectó la existencia de grupos de WhatsApp integrados por médicos y residentes donde se organizaban las denominadas “fiestas controladas”. En estos encuentros, los profesionales utilizaban los anestésicos robados para experimentar estados de sedación profunda bajo una supuesta —pero fallida— supervisión entre colegas del área de salud.

Por el momento, la justicia ha imputado por administración fraudulenta a dos figuras centrales: Hernán Boveri, ex profesional de Anestesiología del Hospital Italiano, y Delfina Lanusse, residente de tercer año del mismo centro médico. Ambos están señalados como los responsables de vulnerar los controles del hospital para desviar las drogas, aunque ambos optaron por el silencio al ser indagados.

Mientras el fiscal Eduardo Cubría profundiza en las causas de la muerte y el juez Javier Sánchez Sarmiento rastrea el destino del material hospitalario, la causa pone en evidencia la falta de controles sobre drogas letales y la existencia de una peligrosa subcultura de consumo dentro de la comunidad médica que terminó con la vida de un profesional de 43 años.