LLA va por cárceles sin celulares: qué otros equipos incluye y cuál sería la excepción

Un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley que propone endurecer el régimen penitenciario mediante la prohibición total del uso de teléfonos celulares y dispositivos de comunicación dentro de las cárceles argentinas.

La iniciativa, encabezada por Silvana Giudici y acompañada por legisladores como Nicolás Mayoraz y Alejandro Fargosi, busca modificar la Ley 24.660 con el objetivo de reforzar los controles y evitar la comisión de delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Prohibición total de celulares y dispositivos de comunicación

El núcleo del proyecto está en la incorporación de un nuevo artículo —el 79 bis— a la Ley 24.660. Allí se establece de forma explícita la prohibición de “la tenencia, uso, facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio” de dispositivos móviles o inalámbricos por parte de personas privadas de la libertad.

La restricción incluye no solo teléfonos celulares, sino también tarjetas SIM, módems, routers portátiles y cualquier equipo que permita la transmisión de voz o datos.

No obstante, el texto contempla una excepción: podrán utilizarse equipos informáticos “expresamente autorizados por la autoridad penitenciaria competente” en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social, siempre bajo condiciones de uso controlado.

Nuevas faltas graves dentro del régimen penitenciario

El proyecto también introduce modificaciones al artículo 85 de la ley vigente, ampliando el listado de faltas disciplinarias.

En concreto, se propone considerar como faltas graves acciones como:

• Poseer, ocultar o traficar dispositivos electrónicos no autorizados
• Introducir elementos de comunicación dentro de los penales
• Acceder o intentar acceder a internet por fuera de los sistemas habilitados

En este punto, el texto incorpora como nueva infracción el hecho de “acceder o intentar acceder a servicios de comunicación digital o internet por fuera de los sistemas autorizados” , lo que apunta a cerrar posibles “zonas grises” en el control tecnológico dentro de las cárceles.

Argumentos: delitos organizados desde las cárceles

En los fundamentos, los legisladores sostienen que el uso de celulares en prisión se ha convertido en una herramienta clave para la comisión de delitos.

Según el proyecto, esta práctica “se ha transformado en una fuente delictiva posibilitando que los internos cometan ilícitos desde el interior del penal”, con impacto directo en víctimas fuera de los establecimientos.

Entre los delitos más frecuentes mencionados se encuentran:

• Estafas virtuales mediante llamados o engaños
• Extorsiones telefónicas
• Amenazas y planificación de ataques
• Manejo de organizaciones criminales
• Acceso ilegal a cuentas bancarias

Los autores advierten que, en muchos casos, estas actividades permiten sostener estructuras de crimen organizado lideradas desde prisión.

El antecedente de la pandemia y el cambio de política

Uno de los ejes centrales de la fundamentación es el cambio en la política penitenciaria a partir de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Según el texto, la autorización del uso de celulares —impulsada en ese contexto por la entonces interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós— se justificó inicialmente por la pandemia de COVID-19 y la suspensión de visitas.

Sin embargo, los diputados sostienen que esa decisión generó consecuencias negativas: “la adopción de medidas excepcionales que habilitaron el uso de dispositivos móviles produjo en los hechos una alteración del régimen de control existente, con graves consecuencias en la actualidad”.

Casos emblemáticos citados en el proyecto

Para reforzar su postura, los legisladores incluyen ejemplos concretos de delitos cometidos desde cárceles.

Entre ellos, mencionan:

• Un intento de extorsión en 2020 protagonizado por internos que se hacían pasar por un comisario
• El caso de Ariel Cantero, señalado como líder de la organización criminal “Los Monos”, que habría operado desde prisión
• Un episodio reciente vinculado a la muerte del soldado Rodrigo Gómez en 2025, en el que se investigó una red de extorsión que operaba desde penales bonaerenses

En este último caso, el proyecto sostiene que se trató de una maniobra de extorsión sexual que terminó en tragedia, lo que evidencia —según los autores— el alcance del problema.

Hacia una prohibición con rango de ley

El proyecto remarca que si bien existen resoluciones judiciales y medidas administrativas que restringen el uso de celulares en cárceles, consideran necesario avanzar hacia una regulación con jerarquía legal.

En ese sentido, afirman que la iniciativa busca “dotar de mayor claridad, jerarquía legal y uniformidad a reglas que, hasta el momento, han dependido en gran medida de decisiones administrativas o coyunturales”.

Asimismo, plantean que la reforma permitiría fortalecer el control interno en los establecimientos penitenciarios y mejorar la capacidad del Estado para prevenir delitos.

Seguridad y reinserción: el equilibrio que plantea la iniciativa

Si bien el proyecto endurece las restricciones, mantiene un margen para el uso de tecnología con fines de reinserción social.

La excepción prevista para programas educativos y laborales refleja la intención de compatibilizar el control de la seguridad con políticas de rehabilitación.

No obstante, el eje principal de la propuesta está claramente orientado a limitar las comunicaciones no controladas, bajo la premisa de que constituyen un riesgo para la seguridad pública.