Chiapas bajo la lupa: la denuncia que llegó a la CIDH y la ONU

El estado mexicano de Chiapas enfrenta una creciente ola de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Activistas y organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentaron una queja ante la CIDH y la ONU por la detención arbitraria de Óscar Trinidad Carbajal en noviembre de 2025 . Según los testimonios, agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal lo arrestaron sin orden, lo torturaron con golpes, asfixia y descargas eléctricas y lo extorsionaron para que confesara delitos que no cometió . El caso destapó un patrón de tortura, fabricación de cargos y violencia institucional en Chiapas, un estado gobernado por Morena donde el oficialismo se presenta como defensor de los derechos indígenas.

Las denuncias no son aisladas. Organizaciones como SIPAZ y la Red por la Defensa de los Derechos Humanos señalan que las fuerzas del orden en Chiapas han sistematizado las detenciones arbitrarias y la tortura para incriminar a activistas que defienden territorios y comunidades . Las cárceles estatales se llenan de presos políticos; las familias reportan intimidación y amenazas. A pesar de que México firmó convenciones internacionales contra la tortura, la impunidad prevalece y las autoridades estatales niegan las acusaciones o justifican los operativos como parte de la lucha contra el crimen organizado. Para los defensores, el discurso de seguridad no puede ser un pretexto para violar derechos básicos. 

Chiapas 

Comparaciones con regímenes autoritarios

Los paralelismos con otros gobiernos latinoamericanos son inevitables. En Venezuela, las fuerzas de seguridad han sido acusadas de torturar a opositores y manifestantes en centros clandestinos; informes de la ONU documentan palizas, asfixia y violaciones como instrumentos de intimidación. La diferencia es que México se presenta como una democracia en transición y un defensor de los derechos humanos en foros internacionales, mientras en su interior tolera prácticas similares a las de regímenes que critica. Observadores advierten que el gobierno de Chiapas adopta la retórica de la Cuarta Transformación para justificar actos represivos y acusar a los activistas de “enemigos del pueblo”.

El contraste con países como Chile, donde casos de abuso policial han llevado a reformas en Carabineros y a mayor control civil, es notable. Mientras en Santiago se discute cómo mejorar la rendición de cuentas y erradicar prácticas heredadas de la dictadura, en Chiapas las denuncias apenas reciben atención mediática nacional. Esta asimetría revela una doble vara en la opinión pública: se condenan abusos en gobiernos considerados de derecha pero se minimizan cuando ocurren bajo administraciones autodenominadas progresistas. La credibilidad de México como defensor de los derechos humanos se erosionará si no aborda con seriedad las evidencias de tortura.

Chiapas enfrenta denuncias por tortura que erosionan su imagen institucional.

Justicia y desafios 

Las organizaciones exigen la liberación de Óscar Trinidad Carbajal y de otros detenidos injustamente. Solicitan que las investigaciones no recaigan en las mismas autoridades acusadas y que intervengan organismos federales y peritos independientes. Al mismo tiempo, piden reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición. Estos reclamos se enfrentan a un aparato estatal renuente a reconocer responsabilidades y a un sistema judicial saturado. En un contexto de polarización política, cada denuncia se interpreta como un ataque contra el proyecto de Morena o como prueba de que la oposición exagera los problemas.

Organizaciones alertan por abusos sistemáticos y fabricación de delitos en el estado.

Finalmente, el caso Chiapas se inscribe en un debate más amplio sobre seguridad y derechos humanos en México. Desde la militarización de la seguridad pública hasta los excesos de las policías estatales, la agenda de la 4T no ha logrado erradicar la impunidad. En Chiapas, un territorio marcado por la pobreza y la presencia de grupos armados, las autoridades están tentadas a adoptar métodos expeditivos que vulneran la ley. El reto para la sociedad civil es mantener la presión y exigir que la lucha contra el crimen no se convierta en una excusa para la represión. De lo contrario, México corre el riesgo de asemejarse a los regímenes autoritarios que dice repudiar.