Cómo el campo frenó abusos en la tasa vial: las dos estrategias legales en PBA

El conflicto por la tasa vial -caminos rurales- en la provincia de Buenos Aires sumó en los últimos años un nuevo capítulo: la judicialización creciente por parte de productores que no discuten la existencia del tributo, sino la falta de contraprestación efectiva.

En ese marco, comenzaron a consolidarse dos estrategias legales diferenciadas para poner bajo la lupa a los municipios: una basada en el acceso a la información pública y otra en el litigio directo para cuestionar la legalidad del cobro ante incumplimientos de la obligación jurídica (hecho imponible).

En ambos casos, el eje es el mismo: al tratarse de una tasa -y no de un impuesto- su cobro debe estar atado a un servicio concreto. En este caso, la conservación, mejora y reparación de la red vial rural. Cuando eso no ocurre, o no puede probarse, se abre la disputa en los tribunales.

Acceso a la información: el primer paso para medir el desvío

Una de las estrategias más extendidas entre productores consiste en iniciar pedidos de acceso a la información pública por vía administrativa para conocer el destino de los fondos recaudados a través de la tasa vial.

El objetivo es claro: determinar cuánto se recauda y cuánto de esos recursos se destina efectivamente al mantenimiento de los caminos rurales. En muchos casos, según plantean los representantes legales de los productores, los municipios no responden, lo hacen de manera incompleta o con datos poco precisos, lo que habilita la vía judicial.

Este camino tuvo uno de sus casos pioneros en el partido de Hipólito Yrigoyen, donde productores de Henderson lograron un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Trenque Lauquen. Allí, el juez Pablo Germain ordenó al municipio presentar los balances de los últimos 48 meses.

En su resolución, el magistrado remarcó que “el acceso a la información pública constituye un derecho fundamental y una herramienta central para garantizar la transparencia de la gestión gubernamental y la rendición de cuentas”.

A partir de ese tipo de fallos, la estrategia apunta a construir evidencia: detectar posibles desvíos de fondos hacia gastos corrientes u otras áreas, establecer la magnitud de esas diferencias y, eventualmente, avanzar con nuevas acciones judiciales.

El campo activa en las Justicia para frenar abusos en el cobro de la tasa vial 

Según explicó tiempo atrás a NewsDigitales el abogado Abdón Torres Barthe, uno de los impulsores de esta vía judicial, el proceso puede derivar en distintas instancias: desde pedidos de devolución o reembolsos por lo no invertido en caminos, hasta denuncias penales por malversación de fondos en casos más graves.

Este esquema ya sumó antecedentes en distritos como Baradero, Azul, Necochea y General Alvarado, siempre bajo el mismo eje: la falta de transparencia en el manejo de la tasa de red vial.

Litigio directo: ir al fondo del planteo jurídico

En paralelo, comenzó a consolidarse una segunda estrategia que evita la etapa administrativa y avanza directamente sobre el núcleo legal del problema: la validez misma del cobro sin contraprestación.

Uno de los casos más recientes y relevantes es el de Daireaux, donde productores y empresas agropecuarias obtuvieron un fallo favorable que pone el foco en las condiciones que debe cumplir la tasa.

El planteo, impulsado por el abogado Jorge Moroni, se apoya en una serie de principios que la Justicia recogió en su sentencia: el hecho imponible de la tasa es la prestación del servicio; sin servicio, pierde sustento; los fondos deben destinarse exclusivamente al mantenimiento de caminos rurales; y es el municipio el que debe demostrar que cumple con esa obligación.

Además, el fallo introduce un punto clave: si existen desvíos de recursos hacia otros fines, ese costo no puede trasladarse al contribuyente.

Este tipo de litigio tiene antecedentes más aislados, como el caso de la productora de Carlos Casares, Andrea Passerini, quien logró el reembolso de una tasa de iluminación municipal cobrada dentro de la factura eléctrica en una zona rural donde no existía ese servicio.

Hace un tiempito le gané un tercer juicio al Municipio de Carlos Casares: denuncié la ilegalidad del cobro de una "TASA DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL" dentro de la fctura de electricidad que la empresa Edén me suministra para ordeñar en el medio del campo (donde obviamente no existe…

— Andrea Passerini (@AnPasserini) October 12, 2024

Desde esta perspectiva, el enfoque busca acortar los tiempos y evitar instancias previas. “Para mí, el amparo para que la municipalidad te diga en qué gastó la plata no alcanza, porque después tenés que hacer el mismo juicio que hicimos para que se refleje que esta plata no fue utilizada en caminos. Vamos directamente a los bifes”, resumió Moroni.

La estrategia se apoya especialmente en el pedido de pericias contables para analizar en profundidad las cuentas municipales.

Dos vías, un mismo reclamo de fondo

Más allá de las diferencias metodológicas, ambas estrategias confluyen en un punto central: la necesidad de que los municipios acrediten la prestación efectiva del servicio que justifica la tasa vial.

Mientras el camino del acceso a la información apunta a construir pruebas de manera progresiva, el litigio directo busca resolver la cuestión de fondo en sede judicial desde el inicio.

El avance de estos casos empieza a configurar un escenario con posibles efectos en cadena, en un contexto donde crecen los cuestionamientos sobre el uso de los recursos y la calidad de los servicios en las zonas rurales.

Mientras eso sucede, los municipios acorralados ya ensayan una defensa: afirman que el mantenimiento de la red vial no responde a una lógica matemática o individual, sino a una planificación general para todo el distrito.