Familias e internaciones: el plan PRO para cambiar la Ley de Salud Mental

En paralelo al anuncio del Gobierno nacional de enviar una nueva ley de salud mental al Congreso, el PRO presentó su propio proyecto con modificaciones profundas sobre el régimen vigente.

La iniciativa busca reformular criterios de internación, redefinir el rol de la Justicia y otorgar mayor protagonismo a las familias y a los equipos médicos en situaciones de riesgo.

El texto incorpora cambios concretos al articulado actual y apunta a corregir lo que considera “vacíos operativos” de la legislación sancionada en 2010.

Contexto político: presión por una reforma integral

El impulso del PRO se da en sintonía con la decisión del Ejecutivo encabezado por Javier Milei de avanzar con una nueva normativa.

El ministro de Salud, Mario Lugones, fue contundente: “La ley vigente, impulsada por el kirchnerismo en 2010, generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones”.

Además, señaló que la reforma buscará “intervenir a tiempo, con criterios más claros y herramientas concretas”, una línea argumental que coincide en varios puntos con el proyecto opositor.

ENVIAREMOS AL CONGRESO UNA NUEVA LEY DE SALUD MENTAL

La ley vigente, impulsada por el kirchnerismo en 2010, generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto. Esa falla la padecieron muchas familias que… https://t.co/AARVs08QNt

— Mario Lugones (@Mariolugones_ar) April 7, 2026

Internaciones: criterios más amplios y menos restricciones

Uno de los ejes centrales del proyecto del PRO es la modificación de los criterios de internación, actualmente regulados bajo un esquema restrictivo en la Ley de Salud Mental 26.657.

El nuevo texto propone:

• Ampliar las causales de internación involuntaria, incorporando no solo el riesgo cierto e inminente, sino también situaciones de deterioro progresivo que puedan derivar en daños graves.
• Establecer que la internación pueda disponerse cuando “no existan alternativas terapéuticas eficaces en el ámbito ambulatorio”.
• Permitir una intervención más rápida del sistema de salud, evitando dilaciones burocráticas.

En los fundamentos se advierte que “la exigencia de riesgo inmediato ha generado obstáculos para actuar preventivamente”, lo que, según los autores, “termina agravando los cuadros clínicos”.

Rol de la familia: mayor participación en decisiones críticas

El proyecto introduce cambios relevantes en el lugar que ocupan los familiares del paciente, un aspecto que ha sido objeto de debate desde la sanción de la ley vigente.

Entre las modificaciones más importantes:

• Se reconoce a la familia como actor clave en la detección temprana de crisis.
• Se habilita su participación en decisiones vinculadas a tratamientos e internaciones cuando el paciente no se encuentre en condiciones de consentir.
• Se promueve su inclusión en el seguimiento del proceso terapéutico.

“El sistema debe escuchar a quienes conviven con el paciente y conocen su evolución cotidiana”, sostiene la fundamentación.

Intervención judicial: menos rigidez y mayor coordinación

Otro punto central es la revisión del rol del Poder Judicial en las internaciones involuntarias.

El proyecto propone:

• Reducir los plazos y formalidades para la intervención judicial en casos urgentes.
• Establecer mecanismos de comunicación más ágiles entre equipos médicos y jueces.
• Evitar que la judicialización funcione como una barrera para la atención inmediata.

Según el texto, “la actual estructura de control judicial, si bien necesaria, ha derivado en demoras incompatibles con situaciones de emergencia”.

Equipos de salud: respaldo legal y herramientas concretas

La iniciativa también busca fortalecer el rol de los profesionales de la salud mental, otorgándoles mayor claridad normativa y respaldo en la toma de decisiones.

Entre las propuestas:

• Definir con mayor precisión las responsabilidades médicas en situaciones de riesgo.
• Brindar seguridad jurídica a los equipos tratantes frente a decisiones complejas.
• Promover protocolos de actuación más claros y unificados.

En ese sentido, se afirma que “los profesionales requieren herramientas concretas para actuar sin temor a consecuencias legales cuando intervienen de buena fe”.

Articulación del sistema: evitar vacíos asistenciales

El proyecto hace hincapié en la necesidad de mejorar la coordinación entre distintos niveles del sistema de salud:

• Integración entre atención primaria, hospitales generales y dispositivos especializados.
• Seguimiento continuo de pacientes con patologías severas.
• Implementación de redes de contención que eviten recaídas.

“La fragmentación del sistema genera discontinuidades en los tratamientos”, advierte la fundamentación.

Contraste con la ley vigente

La ley actual, sancionada en 2010, se basa en un enfoque de derechos humanos que prioriza:

• Tratamientos ambulatorios.
• Internaciones excepcionales y breves.
• Control judicial estricto.
• Autonomía del paciente.

El proyecto del PRO no elimina estos principios, pero introduce un giro hacia una lógica más pragmática, enfocada en la capacidad de intervención del sistema.

“El desafío es equilibrar derechos con eficacia”, sintetiza el texto.

Fundamentos

“Reconocemos que la internación debe ser un recurso excepcional, pero necesario no sólo cuando exista riesgo cierto e inminente para el paciente y/o terceros, sino también cuando el paciente no logre adherencia a los abordajes ambulatorios y presente una falta de conciencia de enfermedad que implique una grave vulneración a su salud integral”, se subraya en los fundamentos.

Y agrega: “La patología dual (existencia simultánea de un trastorno mental y de un trastorno adictivo) es una situación clínica de una gran trascendencia, no por la creciente frecuencia en la sociedad actual, sino también por la necesidad de formación a profesionales de los diferentes dispositivos y la escasez de recursos en los que se abordan este tipo de casos integralmente. Es necesario mencionar que cuando hablamos de personas que padecen patología dual el riesgo suicida aumenta exponencialmente”.

Un debate que se reabre

Con dos iniciativas en camino —la del PRO y la del Gobierno—, el Congreso se encamina a una discusión de fondo sobre el modelo de atención en salud mental en la Argentina.

El eje del debate será cómo compatibilizar la protección de las libertades individuales con la necesidad de actuar a tiempo en situaciones críticas, un dilema que, a más de una década de la sanción de la ley vigente, vuelve a ocupar el centro de la agenda pública.