Ofensiva judicial
15/05/2026 - Edición Nº1193
Política
Fallo judicial
PROCELAC y UIF: el caso tucumano que terminó sin delito para la Justicia
11/04/2026 | Un fiscal federal concluyó que no hubo delito en el manejo de fondos municipales. El fallo fortalece al ministro del Interior provincial.
La Justicia federal descartó delitos en el manejo de fondos y fortaleció la posición de Darío Monteros.
La Justicia federal desestimó una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en municipios de Tucumán y concluyó que no existió delito. La resolución impacta directamente en la figura del ministro del Interior provincial, Darío Monteros, quien tuvo un rol central en el caso.
La investigación se había iniciado a partir de una presentación de la PROCELAC, basada en reportes de operaciones sospechosas enviados a la UIF, que advertían sobre movimientos financieros inusuales en distintas intendencias durante el año electoral 2023.
Sin embargo, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz determinó que los hechos analizados no configuraban delito penal. En la misma línea, el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez dispuso el archivo de la causa ante la falta de impulso del Ministerio Público.
El eje de la investigación y el cierre del caso
Durante el período bajo análisis, Monteros se desempeñaba como intendente de Banda del Río Salí, uno de los municipios incluidos en la denuncia. Desde el inicio, el funcionario sostuvo que los movimientos observados correspondían al pago de haberes a personal no bancarizado.
Esa explicación fue finalmente convalidada por la Justicia, que descartó la existencia de maniobras delictivas en la operatoria financiera. El expediente también involucraba a otras intendencias tucumanas, pero el cierre en sede federal desactiva la hipótesis de irregularidades penales.
La resolución no solo archiva la causa, sino que también refuerza la posición política de Monteros dentro del esquema provincial. En un contexto donde las denuncias por manejo de fondos suelen escalar en el plano político, el fallo introduce un elemento clave: la validación judicial de una gestión bajo sospecha.
