El fallecimiento de Ángel Nicolás López, de apenas 4 años, dio un giro judicial drástico tras una presentación del padre del menor. A través de su abogado, solicitó la imputación y detención inmediata de la madre biológica y su pareja. La acusación formal contra Mariela Altamirano y Maicol González es por homicidio agravado en concurso con abandono de persona. Para la querella, la muerte ocurrida el 6 de abril no fue un accidente, sino el resultado de maltratos sistemáticos.

La autopsia reveló lesiones craneales traumáticas que resultan incompatibles con una muerte natural o una caída accidental según los peritos. Los informes indican que el niño sufrió violencia física de gran intensidad en los momentos previos a su deceso. Vecinos de la pareja aportaron testimonios clave que complican la situación de los acusados ante la fiscalía interviniente. Los testigos aseguraron haber escuchado gritos de auxilio del menor y reproches cruzados entre los adultos por las agresiones físicas.
La denuncia también apunta contra funcionarios del Juzgado de Familia y del Servicio de Protección de Derechos por incumplimiento de deberes. Se sostiene que ignoraron tres rechazos previos de restitución y no escucharon el pedido de ayuda del niño. El escrito subraya que, en una audiencia de febrero, Ángel manifestó que su núcleo afectivo era su madre de crianza y no la biológica. Pese a este testimonio directo, el sistema judicial no dictó ninguna medida de protección para el menor.
El abogado Castillo trazó un paralelismo con el caso de Lucio Dupuy, señalando que se ignoraron las capacitaciones de la Ley 27.709. Los funcionarios habrían permitido un escenario de aislamiento que dejó al niño a merced de sus agresores.

La solicitud de detención inmediata se fundamenta en el peligro de fuga de los sospechosos hacia la provincia de Misiones. Además, existen pruebas de que habrían quemado ropa de la víctima para destruir evidencia biológica fundamental para la causa.