El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, visitará este lunes el Instituto Malbrán junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una actividad que el Gobierno busca mostrar como un gesto explícito de respaldo en medio de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra.
La recorrida, prevista para las 11, se inscribe en una estrategia oficial que, lejos de resguardar al funcionario, apunta a sostener su exposición pública en un contexto adverso. La presencia de Karina Milei refuerza esa señal política en un momento en el que el caso empieza a escalar en los tribunales.

Sin embargo, la imagen que busca construir el oficialismo podría verse opacada por un clima de fuerte conflictividad sindical. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticiparon medidas de repudio durante la visita y denunciaron un deterioro sostenido en las condiciones laborales y presupuestarias del organismo.
El gremio reclama la reapertura de paritarias, una recomposición salarial superior al 45% y el fin del ajuste sobre el sistema sanitario. Según advierten, los recortes impactaron en áreas sensibles como la investigación científica, la producción de reactivos y el control de enfermedades infecciosas.
En paralelo, la investigación judicial suma este lunes un capítulo central. Declararán ante el fiscal federal Gerardo Pollicita dos mujeres señaladas como piezas clave en el financiamiento de uno de los inmuebles de Adorni: Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio.
Ambas figuran como acreedoras de un préstamo privado por 100.000 dólares -dividido en 85.000 y 15.000- que habría sido utilizado para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La operación quedó bajo sospecha por el esquema de financiamiento y por haberse concretado el mismo día en que la esposa del funcionario adquirió otra propiedad en un country bonaerense.

La Justicia busca determinar si ese mecanismo respondió a una operatoria habitual entre privados o si fue utilizado para encubrir el origen de los fondos. El foco está puesto en la trazabilidad del dinero y en el valor declarado del inmueble, que aparece por debajo de los precios de mercado.
En ese marco, las nuevas testimoniales apuntan a reconstruir el circuito financiero detrás de las operaciones y podrían marcar un punto de inflexión en una causa que empieza a incomodar cada vez más al Gobierno.
La coincidencia entre la actividad oficial, las protestas sindicales y los avances judiciales configura un escenario complejo para el Ejecutivo. Lo que buscaba ser una señal de respaldo político podría transformarse en una nueva exposición de las tensiones que rodean a uno de sus funcionarios más visibles.