La jornada electoral en Perú quedó severamente cuestionada después de que 211 mesas no lograran instalarse en 15 locales de Lima Metropolitana, una falla que dejó sin votar a 63.300 electores. Lo que inicialmente apareció como un problema logístico terminó escalando a una controversia política de mayor alcance, en un contexto ya marcado por fragmentación, tensión y una fuerte sensibilidad sobre la legitimidad del proceso.
La imposibilidad de que miles de ciudadanos ejercieran su derecho al voto activó críticas inmediatas contra la organización electoral. El episodio afectó no solo el desarrollo operativo de la elección, sino también la imagen institucional del país, ya que la desorganización ocurrió en una jornada de alta visibilidad pública y con impacto directo sobre la percepción de confianza en el sistema.
Carlos Álvarez, candidato de País para Todos, responsabilizó públicamente a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, por los retrasos y las dificultades que enfrentaron miles de electores. Su señalamiento convirtió el desorden en un eje de confrontación directa contra la autoridad electoral, desplazando la discusión desde la falla técnica hacia la responsabilidad política del organismo encargado de garantizar el proceso.
A esa crítica se sumó Rafael López Aliaga, quien sostuvo que las elecciones están dejando al Perú mal a nivel internacional. Con esa afirmación, el problema dejó de leerse solo como una deficiencia administrativa interna y pasó a proyectarse como un daño reputacional externo, capaz de debilitar la imagen de solvencia institucional que el país necesita preservar ante observadores y actores internacionales.
La ONPE intentó explicar lo ocurrido atribuyendo los retrasos a la empresa encargada de distribuir el material electoral, pero esa respuesta no logró contener el deterioro político. Por el contrario, reforzó la percepción de que el sistema falló en una función básica: asegurar que el voto pudiera ejercerse en condiciones normales y dentro de los plazos previstos.

La ampliación excepcional de la jornada buscó corregir el daño inmediato, pero no eliminó el efecto de fondo. Cuando una elección se ve atravesada por fallas masivas, denuncias de candidatos y cuestionamientos a la autoridad organizadora, el problema deja de ser solo operativo y se convierte en una crisis de confianza. En Perú, ese es hoy el costo más delicado del episodio.