El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, oficializó la Resolución 90/2026, que no solo extiende el Programa de Acompañamiento Social (PAS), sino que introduce cambios estructurales en sus reglas, beneficiarios y condiciones de acceso.
De esta manera, el Gobierno redefine el funcionamiento del programa, con un esquema más focalizado, mayores controles y nuevas exigencias para quienes reciben la asistencia.
El PAS fue creado en 2024 para asistir a sectores en situación de vulnerabilidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos citados en la resolución, la pobreza bajó del 38,1% en 2024 al 28,2% en el segundo semestre de 2025.
En ese marco, el Ejecutivo considera que el programa “ha contribuido a mitigar factores de exclusión social”, pero que ahora requiere ajustes para mejorar su eficiencia y focalización.
Uno de los principales cambios es la extensión de la vigencia:
Esto garantiza la continuidad del esquema de asistencia al menos hasta 2028.
El nuevo anexo introduce una definición más precisa y restrictiva de los beneficiarios.
Según el texto, podrán acceder exclusivamente quienes ya sean titulares del programa y cumplan condiciones específicas:
Esto implica un recorte en el universo potencial, priorizando perfiles considerados de mayor vulnerabilidad estructural.
El programa establece una asignación mensual no remunerativa de $78.000.
Características clave:
Uno de los cambios más relevantes es el endurecimiento de las corresponsabilidades.
Para cobrar, los titulares deberán cumplir con:
Esto refuerza el enfoque de “asistencia con contraprestación”, orientado a educación, salud y capacitación.
El nuevo esquema amplía y ordena las situaciones compatibles con el cobro del beneficio :
La lógica apunta a permitir la inserción laboral sin perder automáticamente el beneficio.
El anexo también detalla un esquema más estricto de exclusión. No podrán cobrar quienes:
Por patrimonio o actividad:
Por ingresos o beneficios:
Por nivel de consumo:
Por situación fiscal:
Por situación legal:
Este punto refleja una fuerte orientación al control del gasto y la segmentación del beneficio.
El programa incorpora criterios más estrictos de egreso.
Se perderá el beneficio en casos como: