Un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley que propone elevar los requisitos para acceder a cargos electivos nacionales, con un eje central: solo podrán ser candidatos quienes hayan completado sus estudios secundarios.
La iniciativa, titulada “Régimen de Formación Básica y Permanente de Legisladores Nacionales”, también establece la obligatoriedad de capacitación para quienes resulten electos, en un intento por profesionalizar el funcionamiento del Congreso.
El punto más relevante del proyecto es la modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23.298), incorporando un nuevo impedimento para candidaturas.
Según el texto, no podrán ser precandidatos ni candidatos a cargos nacionales quienes no hayan terminado el nivel secundario.
La iniciativa lo establece de manera explícita:
Este punto introduce un nuevo estándar educativo mínimo para el acceso a la representación política, algo que actualmente no está exigido por la normativa nacional.
En los fundamentos, los autores del proyecto sostienen que la medida apunta a “elevar la calidad del Parlamento” y recuperar la confianza ciudadana.
El texto plantea que durante décadas “la corrupción, la ineficiencia y la falta de visión han socavado las instituciones”, y propone avanzar hacia una dirigencia más capacitada.
En esa línea, argumentan que:
Además del requisito educativo, el proyecto crea un sistema de formación obligatoria para legisladores nacionales.
La iniciativa establece que diputados y senadores deberán acreditar una capacitación al inicio de su mandato. La formación será dictada por el Congreso e incluirá contenidos sobre funcionamiento del Estado, políticas públicas y otras áreas.
El objetivo es garantizar que quienes asuman tengan herramientas básicas para el ejercicio de la función legislativa.
Estas medidas buscan reforzar el carácter obligatorio del esquema de formación.

De aprobarse, el requisito de secundario completo implicaría un cambio significativo en el sistema político ya que introduce una barrera de acceso educativa para candidaturas, obliga a los partidos a revisar sus criterios de selección y podría reducir el universo de postulantes.
Al mismo tiempo, abre el debate sobre representatividad versus profesionalización, ya que sectores críticos podrían cuestionar si esta exigencia limita la participación política.