Universidades Nacionales: 24 horas de protesta por la ley que vetó Milei

El conflicto por el financiamiento universitario vuelve a escalar. Este miércoles, las universidades nacionales impulsan un peculiar método de protesta en medio del reclamo por el recorte presupuestario y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes.

Bajo el lema “la universidad no se apaga”, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los sindicatos y el movimiento estudiantil, convocan a una jornada de 24 horas “por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”.

𝗟𝗮 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗡𝗢 𝘀𝗲 𝗮𝗽𝗮𝗴𝗮

🇦🇷 24 horas por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional. pic.twitter.com/7TMGtaofI8

— CIN (@CINoficial) April 10, 2026

Desde las 8 horas de este miércoles hasta las 8 horas del jueves 16, se llevarán a cabo actividades académicas, culturales, científicas y de extensión para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

Cabe recordar que la norma fue aprobada por el Congreso en agosto pasado, pero el presidente Javier Milei decidió vetarla. El Congreso logró ratificarla con mayorías amplias en ambas cámaras, por lo que quedó definitivamente sancionada.

Sin embargo, al Gobierno suspendió su aplicación, argumentando que la ley no especificaba las fuentes de financiamiento. La decisión fue judicializada y la Justicia ordenó al Estado cumplir con la ley. Pese a ese fallo, el Gobierno sigue sin aplicarla.

Desde el Frente Sindical, Estudiantil y de Graduados de la UNAHUR, lanzaron un “contador” que permite ver cuánto tiempo ha transcurrido desde que el presidente no Cumple la Ley ni acata los fallos de la Justicia.

El ajuste en el presupuesto universitario

El presupuesto universitario sufrió un fuerte recorte desde la asunción de Milei. Entre 2023 y 2025 cayó 28,7% en términos reales, mientras que si se considera el presupuesto vigente para 2026 la reducción alcanza el 45,6% respecto de 2023, de acuerdo al informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

De haberse aplicado la ley sancionada por el Congreso, el presupuesto universitario habría crecido 35,1% frente a 2025, quedando apenas 3,6% por debajo de los niveles de 2023.

En cambio, el Gobierno envió un nuevo proyecto de ley al Congreso que implicaría una caída de 14,2% respecto de 2025 y de 38,8% frente a 2023, dejando al sistema con un presupuesto 36,5% menor al que establecía la ley aprobada por el Congreso.

El impacto en los salarios

Uno de los puntos más críticos del conflicto es el deterioro salarial. En promedio, los salarios representan el 86,9% del gasto total universitario, mientras que los gastos de funcionamiento explican apenas el 13,1% restante.

Entre 2023 y 2026, el grueso del ajuste recayó sobre el personal docente y no docente. Los datos muestran además que desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026 el salario real cayó 33% en los casos en los que no están alcanzados por la garantía salarial, y 41% en quienes sí padecen el relativo congelamiento de la garantía.

¿De cuánto sería el aumento salarial universitario de aplicarse la Ley vigente?

Por ejemplo, un titular semi exclusivo, que cobró efectivamente en marzo un salario de bolsillo de $756.136,67, debiera haber cobrado $1.113.789,31. Es decir, debiera haber percibido un 47% más de sueldo.

Por su parte, un JTP simple, que percibió en marzo $253.283,81 de bolsillo, de haberse aplicado la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), debiera haber cobrado un 47% más: $373.087,05.

Para recuperar lo perdido, a los docentes debieran pagarles más de 7 salarios juntos. Ese “ahorro” para el Estado redunda en docentes que deben sumar cada vez más horas y más trabajos para llegar a fin de mes, o bien directamente abandonan la universidad pública en busca de salarios dignos.