“Son miles de hectáreas”: buscan una ley para volver a sembrar en las banquinas

El Congreso podría reabrir el debate sobre el uso de tierras ociosas en rutas nacionales, a partir de un proyecto de ley que busca habilitar la siembra en banquinas con criterios productivos y de seguridad vial.

En ese marco, el diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, Javier Sánchez Wrba, presentó una iniciativa para permitir la explotación agrícola de estas superficies mediante permisos regulados, con prioridad para frentistas y bajo control estatal.

La propuesta apunta a recuperar el uso productivo de miles de hectáreas actualmente desaprovechadas a la vera de las rutas, a través de un esquema de permisos onerosos y condiciones técnicas estrictas.

El objetivo es combinar mayor producción agropecuaria con mejoras en el mantenimiento de la infraestructura vial.

El diagnóstico: miles de hectáreas “desaprovechadas”

En diálogo con Newsdigitales, Javier Sánchez Wrba puso el foco en la magnitud de la superficie ociosa y en el potencial productivo que, según afirmó, hoy permanece sin explotar. “Es un proyecto que surge en el sentido común, a partir del relevamiento de la cantidad de hectáreas que tenemos desaprovechadas en todo el país y puntualmente en la provincia de Buenos Aires”, explicó.

En esa línea, remarcó que “la Red Vial Nacional tiene 40.000 kilómetros, de los cuales más de la mitad son zonas que podrían ser explotadas de forma agrícola”, y subrayó que esa práctica existía hasta hace poco más de una década. “Hasta el año 2008 se hacía”, recordó.

El diputado nacional Javier Sánchez Wrba (PRO)

El legislador vinculó el freno a esa actividad con la decisión tomada durante el conflicto entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el sector agropecuario. “Lamentablemente en ese momento, por el conflicto que tenía el Gobierno con el campo por la 125, se sacó una resolución desde Vialidad Nacional donde se prohibió este tipo de producción”, señaló.

Para Sánchez Wrba, aquella medida tuvo un trasfondo político: “Yo creo que, juzgando por el momento en que se avanzó con esta resolución, fue claramente política, con una connotación revanchista y arbitraria”. Y agregó que, si bien se argumentaron razones de seguridad vial, “no ameritaba avanzar en un régimen de prohibición absoluta como se hizo”.

Desde entonces, sostuvo, el tema no volvió a revisarse. “Vemos que hay miles y miles de hectáreas que están desaprovechadas, improductivas y que podríamos volcar a la producción inmediatamente”, insistió.

Seguridad vial, cultivos y esquema de permisos

Uno de los ejes centrales del proyecto es evitar cualquier impacto negativo en la circulación. Según detalló el diputado, la iniciativa establece criterios estrictos que deberán ser contemplados en la reglamentación y en los contratos que celebre el Estado.

“Nosotros somos muy estrictos en todo lo que tiene que ver con la seguridad vial y con cuestiones técnicas que hay que contemplar”, explicó. En ese sentido, precisó que se excluirán cultivos de gran porte que puedan afectar la visibilidad: “No es lo mismo un maizal que puede superar los dos metros que un cultivo de soja”.

El esquema prevé que la reglamentación defina con claridad qué tipos de cultivos de bajo prte podrán desarrollarse en cada zona -cereales, oleaginosas o pasturas- siempre bajo parámetros que no interfieran con la seguridad.

Además, el proyecto fija un orden de prioridad para el acceso a las tierras. “La prioridad la tienen los frentistas y en caso de que no quieran, se abre a terceros”, indicó. Esos permisos serán de carácter precario y oneroso, lo que implica que el Estado nacional mantendrá la propiedad de las tierras.

En el caso que los frentistas no estén interesados, los permisos puedan ser otorgados a terceros, como productores o incluso organizaciones de la sociedad civil

“Los productores deberán pagar un canon, y ese canon va a tener que ser destinado al mejoramiento y a la conservación de las rutas nacionales”, agregó, al destacar que el esquema también busca generar recursos para la infraestructura vial.

Antecedentes y respaldo del sector rural 

Como argumento a favor de la iniciativa, Sánchez Wrba remarcó que existen experiencias vigentes tanto a nivel local como internacional. En particular, mencionó el caso de la provincia de Buenos Aires, donde desde hace 40 años rige un sistema que permite la explotación de banquinas en rutas provinciales.

“Se sancionó en 1985 y sigue vigente. Distintos gobiernos pasaron y nunca lo derogaron”, señaló, al marcar la diferencia con lo ocurrido en el ámbito nacional tras la resolución de 2008.

Uno de los casos más recientes ocurrió en 9 de Julio, donde el municipio en base a la ley provincial 10.342 y una ordenanza local lanzó una licitación para concursar unas 350 hectáreas en desuso a la vera de la sobre la Ruta Provincial Nº 65 para la campaña 2026/27.  Lo recaudado será destinado a inversiones del Consejo Escolar, apoyo a Bomberos Voluntarios e infraestructura vial

El legislador nacional también destacó el interés que generó la propuesta en el sector agropecuario. “Recibí consultas y llamados de productores y entidades rurales”, contó. Además, indicó que trabajó el proyecto junto a la Fundación Barbechando, que articula el vínculo entre el campo y el Congreso.

Presenté un proyecto de ley para volver a habilitar el uso productivo de las banquinas ociosas de las rutas nacionales.
La iniciativa establece un régimen de permisos de uso precario y oneroso, dandole prioridad a los frentistas y bajo condiciones de seguridad vial.
👇🏼Abro hilo pic.twitter.com/3vTTo33K9I

— Javier Sanchez Wrba (@jsanchezwrba) April 6, 2026

Según su visión, el esquema tiene un beneficio doble: “Genera un win-win, porque por un lado volcás a la producción hectáreas que hoy están desaprovechadas y por otro generás recursos para mejorar las rutas”.

Con ese respaldo y el foco puesto en revertir una prohibición de más de 15 años, el proyecto abre ahora el debate parlamentario sobre cómo compatibilizar producción, seguridad vial y uso eficiente de tierras públicas.