El Senado reanudará este miércoles el debate del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” en el ámbito de comisiones, en una jornada clave que marcará el pulso de la discusión antes del dictamen que el oficialismo busca emitir la próxima semana.
La reunión se realizará desde las 16 en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con la participación de especialistas y referentes convocados por la oposición, en un contexto de alta tensión política.
El objetivo del Gobierno es acelerar el tratamiento para llevar la iniciativa al recinto hacia fines de abril o principios de mayo, en línea con su agenda legislativa.
El proyecto apunta a reforzar el derecho de propiedad y modificar aspectos clave del régimen vigente. Entre los puntos más relevantes se destacan la eliminación de límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, la reforma del sistema de desalojos y cambios en la ley de barrios populares.
También incluye una revisión del régimen de expropiaciones, con la implementación de un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles que permitiría acelerar los tiempos judiciales, manteniendo —según el oficialismo— garantías de debido proceso.
Estos cambios generaron resistencias incluso entre sectores aliados, especialmente en lo referido a tierras rurales y regularización dominial, dos de los ejes más sensibles del proyecto.
En esta nueva etapa del debate expondrán constitucionalistas, referentes sociales y académicos, entre ellos Daniel Sabsay, Gervasio Muñoz y representantes de organizaciones vinculadas a barrios populares y vivienda.
La presencia de estos actores, impulsada por la oposición, busca ampliar la discusión y poner el foco en el impacto social de las modificaciones propuestas.
El oficialismo, por su parte, defiende la iniciativa como un paso necesario para garantizar “seguridad jurídica” y fomentar la inversión, en línea con la agenda económica del Gobierno.

Uno de los puntos que más polémica genera es la eliminación de restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, establecidas en 2011.
Desde el Ejecutivo sostienen que esas limitaciones resultan “irrazonables” y funcionan como un freno a la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario. En cambio, proponen concentrar los controles en casos donde haya participación de Estados extranjeros o entidades vinculadas.
La oposición, en cambio, advierte sobre posibles riesgos para la soberanía y cuestiona el alcance de la apertura.
El proyecto también avanza sobre la ley de Manejo del Fuego, con la eliminación de artículos que actualmente impiden modificar el uso de tierras incendiadas durante décadas.
Para el Gobierno, esas restricciones son excesivas y afectan el derecho de propiedad. Sin embargo, sectores críticos sostienen que cumplen un rol clave en la protección ambiental y en la prevención de maniobras especulativas tras incendios.

La iniciativa se inscribe en la agenda reformista del oficialismo y se convierte en una prueba clave para medir apoyos en el Senado.
Con el debate en comisión en marcha y el dictamen en el horizonte, la discusión por la propiedad privada promete escalar en las próximas semanas, en un escenario donde se cruzan intereses económicos, sociales y políticos.