En medio de la presión política y judicial que rodea a Manuel Adorni, el oficialismo diseñó una contraofensiva para disputar la agenda en el Congreso. La estrategia apunta directamente a los diputados que no cumplieron con la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales.
La movida se da en la antesala del informe de gestión que el jefe de Gabinete brindará el próximo 29 de abril en la Cámara de Diputados, una instancia que estará atravesada por cuestionamientos sobre su situación patrimonial.
Según datos que manejan en La Libertad Avanza, más de 50 legisladores no presentaron en tiempo y forma sus declaraciones juradas correspondientes a 2024, pese a que el plazo venció en julio de 2025. El número representa cerca del 22% del total de la Cámara.
Desde el oficialismo buscan instalar esos incumplimientos como parte de una defensa indirecta de Manuel Adorni, en un intento por relativizar las críticas y repartir costos dentro del sistema político.
El argumento es claro: mientras el foco está puesto en el patrimonio del jefe de Gabinete, hay legisladores que tampoco cumplen con obligaciones básicas establecidas por la ley de Ética Pública.
La normativa exige que todos los funcionarios presenten sus declaraciones al inicio de su mandato, de manera anual y al finalizar sus funciones. En ese sentido, remarcan que el nivel de cumplimiento inicial supera el 90%, pero cae cuando se trata de actualizaciones periódicas.
El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ya anticipó el clima que se espera para la sesión. “Va a ser picante, compren pochoclos”, lanzó, en una señal del nivel de confrontación que se prevé en el recinto.
En ese escenario, el oficialismo intenta evitar que el debate quede monopolizado por la situación judicial de Adorni. La revisión de las declaraciones juradas aparece como una herramienta política para correr el eje y exponer inconsistencias en la oposición.
La sesión del 29 no solo será un informe de gestión. Todo indica que se convertirá en un nuevo capítulo de la disputa política, donde el Gobierno buscará defender a uno de sus funcionarios más cuestionados sin ceder terreno en la discusión pública.