Discapacidad: una por una, las 28 preguntas que incomodan a Milei

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que detalle la situación del sistema de atención a personas con discapacidad en la Argentina, en medio de denuncias por atrasos en pagos, recortes y dificultades en la cobertura.

La iniciativa, encabezada por Juan Marino y acompañada por legisladores como Victoria Tolosa Paz, Eduardo Valdés, Pablo Yedlin y Nancy Sand, solicita información “circunstanciada, completa y documentada” a distintas áreas del Gobierno.

El requerimiento se dirige al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía y a la Secretaría Nacional de Discapacidad, en el marco de las facultades de control del Congreso.

Fundamentación: “Gravedad de la situación” y obligaciones del Estado

En los fundamentos del proyecto, los diputados advierten sobre “la gravedad de la situación que atraviesa el sistema de atención a las personas con discapacidad en la República Argentina”.

El texto sostiene que el pedido se formula en ejercicio del control legislativo y remarca que el Estado tiene obligaciones específicas en materia de derechos: “Las personas con discapacidad constituyen sujetos de protección reforzada en el ordenamiento jurídico argentino”.

Además, subraya que el cumplimiento de esas garantías “constituye una obligación jurídica directa, exigible e inmediata”, y advierte sobre posibles incumplimientos del principio de no regresividad en materia de derechos sociales.

Crisis del sistema: pagos, prestaciones y riesgo de cierre

El documento detalla una serie de problemáticas que, según los legisladores, configuran una “crisis sistémica” en el sector.

Entre ellas, menciona retrasos en pagos a prestadores, deuda acumulada, falta de actualización de aranceles, interrupciones en la provisión de medicamentos y riesgo de cierre de instituciones.

También se advierte sobre el impacto en los beneficiarios: pérdida de prestaciones, deterioro en tratamientos y dificultades para acceder a servicios básicos.

Contexto: decisiones del Poder Ejecutivo bajo cuestionamiento

Los diputados vinculan la situación a una serie de decisiones adoptadas desde diciembre de 2023, entre ellas recortes presupuestarios, cambios en el sistema de pensiones, la disolución de organismos y modificaciones en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En ese marco, sostienen que estas medidas deben analizarse en conjunto, ya que podrían configurar “un proceso de desfinanciamiento y desarticulación del sistema de protección integral”.

Las 28 preguntas al Gobierno

El proyecto incluye un extenso cuestionario con 28 puntos que el Poder Ejecutivo deberá responder:

1. Grado de ejecución presupuestaria de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
2. Medidas adoptadas para su cumplimiento y resultados.
3. Artículos de la ley no reglamentados y plazos.
4. Cumplimiento de un fallo judicial que ordenó aplicar la ley.
5. Cantidad de prestadores compensados y pagos pendientes.
6. Procedimiento administrativo para autorizar y pagar prestaciones.
7. Motivos de retrasos en pagos y plazos actuales.
8. Monto total de deuda acumulada y cronograma de cancelación.
9. Estado del nomenclador y actualización de aranceles.
10. Plazos de autorización en el programa Incluir Salud.
11. Demoras en provisión de medicamentos esenciales.
12. Cantidad de farmacias habilitadas y cobertura territorial.
13. Prestaciones interrumpidas o en riesgo.
14. Falta de recategorización de instituciones.
15. Situación de pensiones no contributivas por invalidez.
16. Criterios de auditorías sobre prestaciones.
17. Suspensiones o bajas derivadas de auditorías.
18. Plazos para el Certificado Único de Discapacidad.
19. Exigencias de renovación del certificado.
20. Fundamentos de la disolución de la ANDIS.
21. Proceso de transferencia de funciones al Ministerio de Salud.
22. Continuidad de prestaciones durante la transición.
23. Programas discontinuados o modificados.
24. Nueva estructura de la Secretaría de Discapacidad.
25. Dotación de personal antes y después de la reestructuración.
26. Estado de denuncias por irregularidades previas.
27. Ejecución presupuestaria 2025.
28. Reasignaciones de fondos dentro del sistema.

Dimensión del problema y presión institucional

El pedido de informes también pone el foco en la magnitud del sistema: millones de personas con discapacidad dependen de prestaciones, pensiones y servicios que —según el texto— podrían verse afectados por la situación actual.

Asimismo, menciona intervenciones judiciales, reclamos de organizaciones del sector y pronunciamientos de organismos de control, lo que refuerza la presión institucional sobre el Gobierno para dar respuestas.

“El control de la efectiva implementación de esa ley y del cumplimiento de las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado en materia de discapacidad es una función indelegable”, sostienen.

Y concluyen con una advertencia que resume el tono del documento: “Las personas con discapacidad no pueden esperar”.