Bosques nativos: la iniciativa de Soria que suma a funcionarios en la mira

En medio de una creciente preocupación por la degradación ambiental, un proyecto de ley comenzó a tomar impulso en el Congreso con un objetivo claro: aplicar penas privativas de la libertad contra quienes destruyan bosques nativos. La iniciativa plantea sanciones de entre 3 y 10 años de prisión.

El texto propone la creación de un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo, a modo de respuesta específica la tala ilegal, los desmontes y los incendios intencionales. Según sus impulsores, se trata de cubrir los vacíos legales que la Ley 26.331 de Protección a los Bosques Nativos permite, al establecer para esas conductas una sanción de tipo económico cuyo monto quedó desactualizada por el paso del tiempo.

Hoy buscan entregar los Glaciares, mañana nuestros bosques.

Presenté un proyecto de Ley para establecer un Régimen Penal de Protección del Bosque Nativo para penar la tala ilegal, desmonte y destrucción de nuestros bosques. pic.twitter.com/jBJzHxs4nf

— Martin Soria (@MartinSoria_) March 26, 2026

La iniciativa se apoya en un diagnóstico alarmante: en la última década, Argentina perdió más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos, mientras que episodios recientes —como los incendios en la Patagonia— expusieron la magnitud del problema y la falta de herramientas eficaces para frenarlo.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la ampliación de responsabilidades. No solo serán alcanzados quienes ejecuten los desmontes o provoquen incendios, sino también los funcionarios públicos que habiliten estas prácticas de forma irregular. En esos casos, además de las penas de prisión, se prevé la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El esquema incluye agravantes específicos cuando las acciones tengan fines económicos, impliquen riesgos para la vida humana o generen impactos severos en la salud pública. También se contempla un aumento de las penas si el daño provoca consecuencias como la erosión del suelo o alteraciones en el régimen hídrico.

En ese marco, el proyecto reabre un debate de fondo: si el problema ambiental puede abordarse únicamente con regulaciones administrativas o si, como proponen sus impulsores, requiere un salto hacia el terreno penal. La respuesta, ahora, quedará en manos del Congreso.

Desastre en la Patagonia

Al frente de la iniciativa está el senador rionegrino Martín Soria que sostiene que la normativa actual no es suficiente, dado que “aplicadas las multas de rigor, los responsables las pagan y la tala ilegal continúa”. 

Solo en los últimos dos años -entre octubre de 2024 y marzo de 2025- se quemaron más de 32.000 hectáreas en la Patagonia, afectando áreas protegidas y parques nacionales, lo cual constituye un “antecedente ineludible” que evidencia el aumento del daño ambiental y la necesidad de ponerle un freno.