Golpe a Rappi y PedidosYa en PBA: el plan de Kicillof en apps que choca con Milei

La batalla por el encuadre laboral de miles de trabajadores de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires entró en una fase determinante. Un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) ratificó multas millonarias contra las empresas Rappi Argentina S.A.S. y Repartos Ya S.A. (PedidosYa), validando que los repartidores operan bajo una relación de dependencia. Esta decisión judicial actúa como un "viento a favor" para el gobernador Axel Kicillof, quien busca utilizar esta jurisprudencia para blindar su propio proyecto de ley frente a la reforma laboral promulgada por el presidente Javier Milei.

El escenario actual plantea una contradicción fáctica: mientras la Ley de Modernización Laboral nacional promueve la figura del "colaborador independiente", la Justicia bonaerense acaba de blindar el "linaje laboral" de la actividad. Para la administración provincial, la sentencia no solo confirma infracciones pasadas, sino que otorga la legitimidad necesaria para avanzar con un registro obligatorio que obligaría a las multinacionales a registrar a sus trabajadores "en blanco" dentro del territorio provincial.

“Mientras a nivel nacional se los excluye, nosotros proponemos lo contrario: inclusión, reconocimiento y reglas claras”.

Axel Kicillof impulsará un proyecto de ley para “ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la Provincia de Buenos Aires”. pic.twitter.com/GlKjonpVuw

— El Destape (@eldestapeweb) March 2, 2026

Axel Kicillof anunció el 2 de marzo la presentación de un proyecto para regularizar el trabajo en plataformas digitales como Rappi y PedidosYa en la Provincia de Buenos Aires, una iniciativa que ahora tiene viento a favor.

El plan de la Provincia consiste en utilizar la ratificación del Ministerio de Trabajo bonaerense para sancionar el modelo nacional de "socio" y forzar la aprobación de una ley que reconozca a los repartidores como empleados con aguinaldo, vacaciones y Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

¿Cómo planea Axel Kicillof anular el modelo de Milei en la Provincia?

Tras la sentencia de la SCBA, el Gobierno provincial reactivó la discusión de un proyecto de ley que el propio Axel Kicillof anunció ante la Asamblea Legislativa el pasado 3 de marzo. El plan busca crear un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales para dar transparencia a la actividad y garantizar el acceso a la información sobre los algoritmos que organizan las tareas. La estrategia política es clara: sostener que, a pesar de la desregulación nacional, en Buenos Aires rige el artículo 39 de la Constitución Provincial, que otorga al Estado la potestad indelegable de fiscalizar el trabajo.

El ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, calificó el fallo como un respaldo al "camino de velar por los derechos". Desde su cartera, sostienen que la decisión de la justicia demuestra que la existencia de una aplicación no autoriza a las empresas a evadir sus obligaciones como empleadores, un argumento que choca directamente con el nuevo régimen nacional que excluye a estos trabajadores del régimen de contrato de trabajo.

¿Qué establece la reforma laboral nacional que la Provincia busca frenar?

A nivel nacional, el Congreso de la Nación aprobó en febrero una reforma que creó el "Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto". Este marco legal define al repartidor como un "prestador independiente" que puede acordar libremente los términos de su contrato con la plataforma, eliminando la presunción de laboralidad. Bajo este esquema, los conductores y repartidores deben inscribirse en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y aportar como monotributistas.

Sin embargo, el fallo bonaerense sostiene que la realidad operativa -control de rutas, tarifas fijas y sanciones algorítmicas- configura una subordinación técnica y económica. La Suprema Corte bonaerense advirtió que privar al Estado de la facultad de interpretar estas leyes para fiscalizar generaría la "parálisis y esterilidad" absoluta de sus funciones. Actualmente, un amparo de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene suspendidos 81 artículos de la ley nacional, lo que genera un vacío legal que la Provincia intenta llenar con su propia normativa.

¿Por qué la Justicia ratificó multas por más de 16 millones de pesos contra Rappi?

La sentencia definitiva rechaza los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley presentados por Rappi. El tribunal dejó firme la sanción de $16.426.800 impuesta en 2021, argumentando que la empresa fracasó en desvirtuar el vínculo de dependencia detectado en las inspecciones. Los jueces Hilda Kogan, Daniel Fernando Soria, Sergio Torres y María Florencia Budiño señalaron que la firma se limitó a realizar un "copy-paste" de argumentos previos sin formular una crítica razonada contra el fallo de primera instancia del Tribunal de Trabajo N°2 de La Plata.

Uno de los puntos clave fue la validación de las inspecciones en la vía pública. La empresa cuestionaba que se realizaran operativos en la calle y no en una sede física. La Corte Suprema Bonaerense desestimó este planteo, explicando que la modalidad fue "adecuada" dado que los repartidores "no prestan sus servicios en ningún lugar físico de propiedad de la empresa, sino en la vía pública". Además, se aplicó el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que establece que, si hay prestación de servicios, se presume que hay un contrato de trabajo.

¿Qué pasó con la ley de apps que fracasó en 2022?

La intención de regular a las aplicaciones no es nueva. En abril de 2022, el entonces senador provincial y titular del gremio de canillitas, Omar Plaini, presentó un proyecto similar para crear un registro único y obligatorio. Aunque la iniciativa obtuvo media sanción en el Senado el 27 de octubre de 2022, el debate se frenó en la Cámara de Diputados por un fuerte lobby empresarial.

Según informes de la época, Rappi habría incentivado protestas frente a la Legislatura bpmaeremse pagando sumas de dinero a los repartidores para manifestarse en contra de la sindicalización. El proyecto también perdió fuerza por el contexto electoral y la posterior victoria de Javier Milei, cuyas políticas de desregulación van en sentido opuesto a la intervención estatal propuesta por el peronismo bonaerense.

El origen de la pelea: las inspecciones masivas de 2020

Todo el conflicto legal que hoy llega a su fin en la instancia provincial comenzó en 2020, durante la pospandemia. El Ministerio de Trabajo bonaerense, bajo la gestión de Mara Ruiz Malec, realizó operativos en distritos como La Plata, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y La Matanza. En esos relevamientos se analizaron 172 casos y los resultados fueron contundentes: más del 97% de los repartidores no contaba con cobertura de salud, no percibía aguinaldo ni tenía vacaciones.

La exministra explicaba entonces que el uso de una aplicación es "únicamente una herramienta más para la organización" y que la empresa dispone de facultades "disciplinarias" que comprueban la dependencia técnica y jurídica. Con el fallo de la Suprema Corte bonaerense en la mano, la Provincia sostiene que ya no se trata de una interpretación política, sino de una verdad jurídica que obliga a redefinir el futuro de las aplicaciones de delivery en la región.

TM