El Gobierno de Córdoba activó un plan de auxilio financiero para evitar el cierre de instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad. El gobernador Martín Llaryora anunció el desembolso de 450 millones de pesos destinados a cubrir gastos corrientes, como salarios y alimentación, ante lo que calificó como un "incumplimiento flagrante" de las leyes de financiamiento por parte de la gestión de Javier Milei.
La medida surge como respuesta directa a la morosidad en los pagos del PAMI (Programa de Atención Médica Integral) y del programa nacional Incluir Salud, que han dejado de enviar partidas clave para el funcionamiento de centros asistenciales en toda la provincia. Según estimaciones del Ejecutivo cordobés, la deuda total de la Nación con el sistema sanitario provincial —incluyendo municipios y la obra social Apross— ya escala a los 30.000 millones de pesos.
El Gobierno de Córdoba decidió redireccionar el Fondo de Emergencia para la Discapacidad, originalmente creado para proyectos de innovación, para aplicarlo exclusivamente al sostenimiento de instituciones que dejaron de percibir los aportes nacionales de PAMI e Incluir Salud.
Centros emblemáticos como el Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM y la asociación Apadim reportaron que la falta de pagos nacionales les impide cubrir necesidades básicas de las personas a su cargo. La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la provincia, Liliana Montero, describió el panorama como un "verdadero descuartizamiento de la salud pública".

La crisis se agravó debido a que muchas de estas entidades brindan servicios de 24 horas los 365 días del año, enfrentando ahora el aumento en los precios de combustibles y el congelamiento de aranceles dispuesto por la Casa Rosada. Hugo Gerbaldo, representante de la Fundación Causana, advirtió que la situación es extrema: "Se reducen los servicios, migran los profesionales y crece el endeudamiento".
El auxilio económico tiene dos objetivos inmediatos: garantizar el pago de sueldos y asegurar la alimentación en las entidades que ofrecen servicios de doble jornada. Este refuerzo económico se suma al Fondo Provincial de Inclusión Social, que este año incrementó su inversión a 4.500 millones de pesos para emprendimientos laborales y autonomía.

Durante el encuentro en el Centro Cívico, el gobernador fue tajante sobre el rol de la provincia frente al ajuste fiscal nacional: "Nosotros no podemos reemplazar en todo, si bien ustedes me verán haciendo de buffer (amortiguador) para que Córdoba no sufra lo que está pasando en otros lugares". Sin embargo, aclaró que "esa potencia que Córdoba tiene no puede cubrir todo eternamente" si la Nación no regulariza los envíos.
La tensión política escala por una cifra que el Gobierno de Córdoba denomina "la punta del iceberg" de la crisis sanitaria. El desfinanciamiento del PAMI le costaría a la provincia unos 30.000 millones de pesos. El desglose de la deuda incluye:
Ante este escenario, Llaryora exigió a los dirigentes de La Libertad Avanza en la provincia que "den la cara" y gestionen los recursos. "No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos. A los dirigentes que son nacionales, pongan la cara y vayan a pelear por los recursos", disparó el mandatario.
La crítica del gobernador se extendió a otros frentes donde la Provincia ha tenido que absorber costos que anteriormente cubría el Estado nacional. Entre los puntos señalados se encuentran:
El gobernador cerró su intervención con un mensaje directo a la estrategia económica de Javier Milei: "Necesitamos estabilizar la macroeconomía, pero con la gente adentro y cumpliendo cada uno sus prestaciones. Dejar abandonados a los discapacitados es de una crueldad inmensa".
TM