El Gobierno nacional oficializó el nuevo Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029, una hoja de ruta clave en materia de prevención, respuesta y reconstrucción ante emergencias, que reemplaza al esquema vigente hasta 2023 y actualiza el diagnóstico de amenazas en todo el territorio argentino.
La medida se formalizó mediante la Resolución 334/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que aprueba el plan elaborado en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), con una mirada federal y enfoque de largo plazo.
El nuevo plan establece como eje central “forjar una cultura de prevención”, con políticas públicas orientadas a reducir riesgos antes de que ocurran los desastres, en lugar de limitarse a la respuesta posterior.
El documento plantea que la gestión del riesgo debe ser un proceso continuo, basado en:
Además, incorpora lineamientos del Marco de Sendai de Naciones Unidas, alineando la política argentina con estándares internacionales.

El plan fija cuatro grandes ejes que ordenarán las políticas públicas en los próximos años:
Estas prioridades se traducen en 22 objetivos estratégicos y 75 metas específicas, con programas operativos anuales para su implementación.
Entre las medidas concretas que se impulsarán se destacan:
También se promueve el uso de tecnología y datos para el monitoreo en tiempo real y la toma de decisiones.

Uno de los puntos centrales del anexo es el diagnóstico federal, que identifica amenazas específicas según región:
NOA: sismos, volcanes y eventos extremos
El Noroeste presenta alta exposición a:

NEA: inundaciones y fenómenos climáticos
En el Nordeste predominan:

Cuyo: riesgo sísmico y escasez hídrica
La región cuyana combina:

Centro: inundaciones y tormentas
En la región central (incluida la zona núcleo):

Patagonia: volcanes, incendios y clima extremo
En el sur del país se destacan:

El plan dedica un capítulo específico a incendios forestales, con medidas como:
En ese sentido, el diagnóstico reconoce que factores como el cambio climático, la degradación ambiental y el crecimiento urbano desordenado están aumentando la frecuencia y gravedad de los eventos extremos, lo que obliga a rediseñar las políticas públicas.