La “casta” en casa: concejales de San Fernando con doble cargo en el Estado

En medio del discurso que atraviesa a buena parte de la dirigencia nacional sobre el fin de la “casta” y los privilegios en la política, un caso en el municipio de San Fernando vuelve a poner el foco en prácticas que generan ruido puertas adentro del propio sistema.

Se trata de los concejales Ignacio Semenzato y Kevin Buj, quienes actualmente ejercen funciones legislativas mientras mantienen cargos en organismos del Estado. Una situación que, si bien puede encontrar encuadre en la normativa vigente, reabre un debate más profundo sobre el rol de los representantes locales y los límites entre funciones.

Doble rol en organismos clave

Por un lado, Semenzato se desempeña como concejal en el distrito mientras integra la estructura de CEAMSE, el organismo responsable de la gestión de residuos en el área metropolitana, con fuerte incidencia en políticas ambientales y contratos de alto impacto.

En paralelo, Buj ocupa una banca en el Concejo Deliberante y, al mismo tiempo, cumple funciones como director dentro de PAMI, una de las instituciones más sensibles del Estado por su volumen presupuestario y su alcance social.

Ambos casos presentan un punto en común: la simultaneidad entre un rol legislativo -que implica control y representación- y responsabilidades dentro de estructuras ejecutivas del Estado.

¿Compatibilidad legal o conflicto político?

La discusión excede lo estrictamente normativo. Aunque los marcos legales pueden contemplar determinadas compatibilidades, el eje se desplaza hacia el plano político y ético.

• ¿Puede un concejal ejercer con plena independencia su función de control si forma parte, al mismo tiempo, de organismos estatales?
• ¿Dónde se traza el límite entre acumulación de funciones y concentración de poder?
• ¿Qué impacto tiene esta dinámica en la confianza pública?

El interrogante cobra mayor relevancia en un contexto donde la dirigencia -en especial desde sectores alineados al oficialismo naciona- ha hecho del cuestionamiento a la “casta” uno de sus principales ejes discursivos.

La vara de la coherencia

El caso de San Fernando expone una tensión que atraviesa a distintos niveles del sistema político: la distancia entre el discurso y la práctica.

Mientras se promueve la idea de terminar con privilegios, reducir el gasto político y profesionalizar la función pública, situaciones como estas vuelven a instalar una pregunta incómoda: si el cambio es hacia afuera o también hacia adentro.

En un escenario de creciente demanda social por transparencia y ejemplaridad, la discusión deja de ser técnica para convertirse en un tema de legitimidad.

Del caso Adorni a los municipios

El debate sobre la coherencia en el ejercicio de la función pública no es nuevo, pero en las últimas semanas volvió a cobrar centralidad a partir de situaciones que involucran a dirigentes en distintos niveles del Estado.

El caso del vocero presidencial Manuel Adorni -cuestionado por viajes, uso de recursos y presuntos conflictos entre lo público y lo privado- instaló una discusión que ahora encuentra eco en el plano local.

En ese marco, situaciones como las de San Fernando reavivan una pregunta de fondo: si el discurso contra la “casta” implica también revisar las prácticas propias o si la vara se aplica de manera selectiva según el actor político involucrado.