12 horas conectado y 10 de descanso: el proyecto para Rappi, Uber y PedidosYa

El diputado sanjuanino Cristian Andino presentó un proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas digitales en Argentina, en un contexto marcado por el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que reconoció a los repartidores como empleados en relación de dependencia.

La iniciativa propone un régimen integral que redefine el vínculo entre trabajadores y empresas como Rappi o Uber, incorporando derechos laborales, regulación algorítmica y mayores controles estatales.

El contexto: un fallo que cambia las reglas del juego

La discusión legislativa se da en paralelo a un pronunciamiento clave de la justicia bonaerense, que rechazó los planteos de las plataformas y convalidó sanciones del Ministerio de Trabajo provincial.

El tribunal avaló el criterio de que los repartidores no son trabajadores independientes, sino que existe una relación de dependencia, al verificarse elementos de control empresarial. Esta interpretación judicial se alinea con uno de los ejes centrales del proyecto de Andino: la presunción de laboralidad.

Presunción de relación laboral: el corazón del proyecto

Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es que establece que, “salvo prueba en contrario”, se presume la existencia de relación laboral cuando la plataforma ejerce control o dirección sobre el trabajador.

El proyecto define criterios concretos para determinar esa dependencia:

• Si la empresa fija o limita los ingresos
• Si impone reglas de conducta o prestación
• Si supervisa el trabajo mediante sistemas digitales
• Si restringe horarios o la posibilidad de rechazar tareas
• Si limita la autonomía para trabajar con terceros

Con solo cumplir algunos de estos puntos, se activaría la presunción laboral, trasladando la carga de la prueba a la empresa.

Salarios, ingresos y costos: un piso mínimo garantizado

La iniciativa introduce un esquema claro para evitar la precarización salarial, uno de los principales reclamos del sector. Así, fija las siguientes medidas:

• Salario mínimo garantizado: ningún trabajador podrá cobrar menos que el salario mínimo, vital y móvil.
• Pago por tiempo de disponibilidad: el tiempo conectado, incluso sin tareas, será remunerado.
• Compensación adicional del 20% en actividades como reparto por tiempos de espera
• Prohibición de trasladar costos: combustible, mantenimiento o datos no podrán descontarse del ingreso
• Propinas protegidas: pertenecerán íntegramente al trabajador

En la práctica, esto implicaría un cambio estructural en el modelo de negocios de las plataformas, que hoy trasladan gran parte de esos costos a los trabajadores.

Jornada laboral y derecho a desconexión

El proyecto también regula el tiempo de trabajo, un aspecto hasta ahora difuso en la economía de plataformas. Claves del esquema:

Se considera jornada todo el tiempo conectado, incluyendo espera

• Límite de 12 horas de conexión en 24 horas
• Descanso obligatorio de 10 horas
• Derecho a rechazar pedidos sin sanciones

Este punto apunta a evitar la “sobreexplotación” y los incentivos algorítmicos que empujan a jornadas extensas.

Uno de los aspectos más innovadores es la regulación de la gestión algorítmica, es decir, cómo las apps asignan tareas, fijan precios y evalúan a los trabajadores. Así, se plantea:

• Derecho a conocer cómo funcionan los algoritmos
• Revisión humana de decisiones automatizadas (como bloqueos de cuentas)
• Prohibición de discriminación algorítmica

Seguridad social y condiciones de trabajo

Por otro lado, el texto garantiza cobertura integral frente a accidentes y enfermedades, independientemente de cómo se califique el vínculo.

También obliga a las empresas a implementar medidas de seguridad laboral, prevenir riesgos psicosociales y garantizar licencias y protección social.

A su vez, el proyecto reconoce derechos sindicales plenos para los trabajadores de plataformas. Incluye la libertad sindical, la negociación colectiva y la protección contra represalias.

Además, introduce la portabilidad de la reputación digital, permitiendo que los trabajadores trasladen sus calificaciones entre plataformas, reduciendo la dependencia de una sola app.

De esta manera, el proyecto de Andino se inscribe en una tendencia global que busca regular la economía de plataformas, pero con una particularidad: se presenta en un momento en que la justicia argentina empieza a consolidar el criterio de relación laboral.

El fallo de la Suprema Corte bonaerense no solo valida sanciones previas, sino que refuerza el principio de “primacía de la realidad”, que también sustenta la iniciativa legislativa.