El diputado nacional y exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, presentó un proyecto de ley que busca declarar la emergencia financiera en Argentina y suspender por 180 días las ejecuciones de deudas contra personas físicas, en un intento por contener el impacto del sobreendeudamiento en los hogares.
La iniciativa se enmarca en un contexto de caída del ingreso real, encarecimiento del crédito y aumento de la litigiosidad por deudas, factores que —según advierte el propio texto— afectan tanto a las familias como al funcionamiento del sistema económico.
Durante un plazo inicial de 180 días:
La medida abarca deudas de distinto tipo: bancarias, comerciales, fiscales y crediticias, tanto en instancia judicial como extrajudicial o administrativa.
El objetivo central es “preservar la continuidad económica, el empleo y la estabilidad social” en un contexto de crisis.
El proyecto delimita con precisión el universo alcanzado:
Esto implica que la iniciativa apunta principalmente a sectores medios y trabajadores independientes, que concentran buena parte del endeudamiento de consumo.
No todas las obligaciones entran en la suspensión. El texto establece excepciones relevantes:
De esta manera, se busca equilibrar la protección a los deudores con derechos considerados prioritarios.
El proyecto también regula qué ocurre mientras dure la emergencia:
Esto significa que las deudas no desaparecen, pero se “congelan” temporalmente para evitar un agravamiento de la situación patrimonial de los deudores.
La iniciativa habilita al Poder Ejecutivo a extender la suspensión por otros 180 días en caso de persistir las condiciones económicas que justifican la medida.
Además, establece que la ley sería de orden público y de aplicación obligatoria en todo el país, lo que impediría que jurisdicciones locales la limiten.
En los fundamentos, Bordet describe un escenario de fragilidad estructural en los hogares argentinos: “El endeudamiento se ha convertido en un mecanismo para sostener niveles básicos de consumo”.
El proyecto sostiene que existe un “sobreendeudamiento estructural”, donde una parte significativa del ingreso familiar está comprometida al pago de obligaciones, reduciendo la capacidad de consumo y aumentando la vulnerabilidad económica.
Según el proyecto, la proliferación de embargos y remates deteriora las condiciones de vida de los deudores, reduce el consumo, debilita el mercado interno y profundiza la recesión.
En ese sentido, se advierte que la judicialización masiva de deudas “no constituye una solución eficiente ni equitativa”, sino que agrava la exclusión económica.
“No se trata de desconocer los derechos de los acreedores, sino de establecer un marco temporal de protección”, argumenta el texto, que apela al principio de razonabilidad para justificar la intervención estatal.