Reforma laboral: el fallo de la Cámara que cambia el escenario

En un nuevo pronunciamiento que impacta de lleno en la dinámica del fuero laboral, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) estableció que el régimen de intereses previsto en el artículo 55 de la Ley 27.802 reviste carácter de orden público y, por lo tanto, debe ser aplicado incluso de oficio. Se trata de uno de los artículos más discutidos de la nueva ley.

El fallo introduce un criterio relevante en materia de actualización de créditos laborales en causas en trámite porque entiende que la normativa no depende de la invocación de las partes, sino que integra el plexo normativo imperativo que rige la materia. En otras palabras, los magistrados quedan habilitados a recalcular intereses conforme a este esquema aun cuando no haya sido solicitado expresamente en la demanda o en la contestación.

El artículo en cuestión establece un régimen transitorio para los juicios laborales en curso al momento de la entrada en vigencia de la reforma, disponiendo que los créditos se actualicen mediante una tasa pasiva del Banco Central, con determinados pisos y techos en relación con el sistema general. Este esquema fue diseñado para diferenciar los procesos en trámite de aquellos iniciados con posterioridad, que se rigen por la actualización plena basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés adicional.

Artículo en disputa

La decisión de la Sala VIII se produce en un contexto de creciente tensión judicial en torno a la constitucionalidad de dicha norma. Distintos tribunales del país se pronunciaron en contra del artículo 55 por considerar que va a contramano de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, y contrarios al principio protectorio del derecho laboral.

En ese contexto, el criterio adoptado por la CNAT introduce un matiz relevante: al margen de las impugnaciones en curso, reconoce la vigencia operativa de la norma y refuerza su aplicación inmediata dentro de los expedientes judiciales. La calificación como norma de orden público implica que su aplicación no es opcional. El fallo reaviva el debate sobre el alcance de la reforma laboral y anticipa un escenario de jurisprudencia partida.

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