La reacción del Gobierno al ultimátum para pagar $2,5 billones a universidades

El reloj corre para el plan económico de Javier Milei. El Poder Ejecutivo enfrenta un ultimátum legal que vence este viernes a las 9:30 horas para desembolsar la suma de $2,5 billones de pesos destinada a las casas de estudio nacionales. Desde la Casa Rosada lanzaron un mensaje de alerta: confiesan que no cuentan con los fondos líquidos para acatar la orden y advierten que, de hacerlo, el país volvería a caer en déficit fiscal de forma inmediata.

La cifra, que equivale a unos 2.500.000 millones de pesos, representa un desafío de magnitudes históricas para el Ministerio de Economía. Para tomar dimensión, el monto exigido por la Justicia supera en 750 millones de dólares al último desembolso que el ministro Luis Caputo logró destrabar del FMI para las reservas del país.

"Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata", dijeron fuentes oficiales. El Gobierno enfrenta un ultimátum que vence este viernes a las 9:30 para desembolsar $2,5 billones, un monto que según la Casa Rosada obligaría a volver al déficit fiscal.

¿Qué pasa este viernes a las 9:30 con el pago millonario a las universidades?

El Gobierno nacional tiene un plazo fatal que termina mañana a primera mañana. La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó los intentos oficiales por frenar la medida y exige que se empiece a transferir el dinero. Una fuente de altísimo rango en el Ejecutivo le confió a Infobae: “Hoy en día no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel Adorni -jefe de Gabinete y responsable de redistribuir partidas- para ver cómo se consigue”.

Aunque el oficialismo apelará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los especialistas legales coinciden en que la presentación de un recurso extraordinario no suspende la obligación de pagar. En los despachos oficiales ya se preparan para un escenario de derrota judicial total y evalúan cómo dosificar el pago de manera que no destruya el equilibrio de las cuentas públicas en un solo día.

¿Por qué el Gobierno dice que el desembolso traería de nuevo el déficit?

La gestión libertaria basa su éxito en el "superávit fiscal" (que el Estado gaste menos de lo que le entra). En marzo, el superávit primario fue de $930.284 millones, pero el gasto que exige la Ley de Financiamiento Universitario es casi tres veces superior a ese saldo mensual. El cumplimiento del fallo judicial "tendrá un costo de 2,5 billones de pesos", lo que obligaría a Toto Caputo a usar fondos que hoy no existen o a recortar drásticamente en otras áreas.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a los rectores, explican que las transferencias a universidades cayeron un 45,6% en términos reales desde que comenzó esta gestión. "Estaría bueno que desde mañana se llame a paritarias para que los salarios vayan de acuerdo con la inflación", sostienen los rectores, quienes ven en este fallo la única forma de evitar que los docentes sigan abandonando las aulas por sueldos que no cubren la canasta básica.

¿Qué ordena exactamente el fallo judicial que se debe cumplir?

La medida cautelar exige que la administración pública cumpla con los puntos clave de la ley 27.795. Esto significa dos cosas concretas:

• Actualización de sueldos: recomponer los salarios de docentes y no docentes según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
• Becas estudiantiles: actualizar de forma inmediata los montos que reciben los alumnos para poder seguir estudiando.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, remarcó que el Gobierno tiene margen para pagar si quisiera, comparando el gasto con otras decisiones políticas: "La cifra es menor que lo que el Gobierno dejó de percibir al reducir el impuesto a los bienes personales". Según el académico, el ajuste ha llevado a que los profesores universitarios cobren apenas por encima de la línea de pobreza, lo que está provocando una fuga de profesionales hacia el sector privado o el exterior.

¿Cómo llegamos hasta aquí y qué pasó con el veto de Javier Milei?

Este conflicto nació el año pasado. El Congreso de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario para proteger el presupuesto de la inflación. El presidente Milei la vetó argumentando que no tenía fondos, pero los bloques opositores y dialoguistas lograron juntar los votos necesarios para rechazar ese veto y mantener la ley firme.

Posteriormente, el Gobierno intentó derogar la ley mediante el presupuesto 2026, pero la Justicia intervino ante el reclamo de las universidades. El juez Enrique Cormick dictó una cautelar que suspendió los decretos presidenciales que pisaban los fondos, y la Cámara ratificó esa decisión hace dos semanas. Al no haber diálogo directo entre el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y los gremios, la disputa se trasladó 100% al terreno de los jueces.

¿Cuál es la situación real de los sueldos universitarios hoy?

Para entender el conflicto, hay que mirar los números fríos: mientras los precios subieron un 280% desde la asunción de la nueva gestión, los salarios de los docentes apenas aumentaron un 158%. Esto se traduce en una pérdida del poder de compra del 32%. En términos prácticos, un docente ha perdido el equivalente a más de 7 sueldos mensuales de poder adquisitivo en lo que va del proceso.

Debido a esta situación, el CIN anunció que, si el Gobierno no deposita la plata o no abre una paritaria real este viernes, convocarán a una cuarta Marcha Federal Universitaria para la primera quincena de mayo. La idea es repetir la movilización multitudinaria de 2024, que fue la protesta más grande que enfrentó la administración de Milei hasta la fecha.

TM