La tensión entre el Gobierno nacional y los intendentes sumó un nuevo capítulo. La Federación Argentina de Municipios (FAM) avanza en la preparación de una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta malversación de caudales públicos.
La medida surge tras la falta de respuestas a un reclamo por la retención de fondos que, según los jefes comunales, deberían destinarse a obras de infraestructura en todo el país.
El reclamo por los fondos del impuesto a los combustibles
El eje del conflicto gira en torno a los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que por ley tienen asignación específica al financiamiento de obras viales.
De acuerdo con la normativa vigente, una parte sustancial de lo recaudado debe transferirse al fideicomiso de infraestructura de transporte y, en su mayoría, aplicarse al mantenimiento y mejora de rutas. Sin embargo, los intendentes denuncian que esos fondos no están llegando a destino.
Números que encienden la polémica
Según cálculos de la FAM, durante el último año se recaudaron alrededor de 3,5 billones de pesos para este fin. De ese total, estiman que más de 2 billones deberían haberse destinado a obras viales.
No obstante, sostienen que solo una parte fue efectivamente transferida, lo que dejaría un faltante millonario bajo sospecha. Esa diferencia es la base sobre la cual se construye la acusación de desvío de fondos hacia otros fines.
Acusaciones de uso financiero de los recursos
Desde el entorno de los intendentes, las críticas son contundentes. Aseguran que el dinero retenido estaría siendo utilizado para operaciones financieras, como la emisión de bonos, la compra de divisas y estrategias vinculadas al denominado “carry trade”.
Estas prácticas, denuncian, priorizan la especulación por sobre la inversión en infraestructura y afectan directamente a las comunidades. “El dinero de los vecinos no está volviendo en obras”, resumieron desde el sector.
Un reclamo federal y transversal
La ofensiva no proviene de un único espacio político. La FAM reúne intendentes de distintas fuerzas, incluyendo peronistas, radicales y representantes de partidos vecinales.
El reclamo, aseguran, es federal y responde a la situación crítica que atraviesan los municipios, donde la falta de fondos impacta en obras paralizadas, deterioro de rutas y dificultades para sostener servicios básicos.
En ese contexto, los jefes comunales insisten en la necesidad de abrir una instancia de diálogo urgente con el Gobierno.
Presión sobre la Casa Rosada y posible intervención judicial
Mientras avanzan en la redacción de la denuncia, crece la preocupación en el ámbito político por el impacto que podría tener una causa judicial de estas características. El expediente podría recaer en tribunales federales, donde ya existen investigaciones vinculadas a la gestión económica.
Los intendentes advirtieron que recurrirán a la Justicia si no obtienen una respuesta inmediata que permita normalizar el flujo de fondos. En paralelo, remarcan que su prioridad sigue siendo encontrar una solución que evite profundizar el conflicto.
La disputa pone en el centro del debate el uso de los recursos públicos y la relación entre Nación y municipios. Con obras frenadas y comunidades afectadas, el desenlace de este enfrentamiento será clave para definir el rumbo de la política económica y su impacto en el territorio.
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