Milei y el per saltum: qué pasó las dos veces que lo usó Cristina Kirchner

El recurso extraordinario de per saltum volvió a escena en la Argentina a partir de la presentación impulsada por el gobierno de Javier Milei para que la Corte Suprema intervenga directamente en la disputa judicial por la reforma laboral.

Sin embargo, no es la primera vez que este mecanismo genera controversia política e institucional: durante las presidencias de Cristina Kirchner, el Estado recurrió en dos ocasiones a esta herramienta excepcional.

¿Qué es el per saltum y por qué es clave?

El per saltum es un recurso extraordinario que permite “saltar” instancias judiciales intermedias para que una causa llegue directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se trata de un mecanismo excepcional, que sólo se admite en casos de “gravedad institucional”, cuando se considera que la demora en el trámite judicial podría generar consecuencias significativas para el sistema institucional o el interés público.

Primer antecedente: el per saltum por la Ley de Medios en 2012

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en diciembre de 2012, en el marco de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522), conocida como Ley de Medios.

El gobierno de Cristina Kirchner buscaba la plena aplicación de la norma, pero el Grupo Clarín había obtenido medidas cautelares que suspendían artículos clave de la ley. Estas decisiones judiciales impedían avanzar con la adecuación del grupo a la nueva normativa.

Frente a ese escenario, el Poder Ejecutivo presentó un recurso de per saltum para que la Corte Suprema se expidiera directamente sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados.

Argumentos del Gobierno

El entonces ministro de Justicia, Julio Alak, justificó la presentación al señalar que se trataba de una cuestión de “gravedad institucional”, ya que involucraba a “toda la sociedad argentina” y afectaba la aplicación de una ley sancionada por el Congreso.

El objetivo central era lograr una resolución definitiva que pusiera fin a las medidas cautelares y habilitara la implementación plena de la ley.

Decisión de la Corte Suprema

El 27 de diciembre de 2012, la Corte Suprema rechazó el recurso de per saltum por cuestiones procesales. De este modo, no intervino de manera directa en ese momento y se mantuvo la vigencia de la cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín.

Este fallo marcó un límite al uso del mecanismo y evidenció la cautela del máximo tribunal frente a este tipo de planteos.

Segundo antecedente: la reforma del Consejo de la Magistratura en 2013

El segundo caso se dio en 2013, en el marco de la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo, particularmente en lo referido al Consejo de la Magistratura. 

El gobierno promovía la Ley 26.855, que proponía la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, como parte del paquete denominado “Democratización de la Justicia”.

Sin embargo, la jueza María Servini declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la norma y del decreto que convocaba a elecciones.

La intervención directa de la Corte

Ante este revés judicial, el Estado presentó un recurso de per saltum el 13 de junio de 2013. A diferencia del caso anterior, la Corte Suprema sí lo declaró admisible, considerando la gravedad institucional y la cercanía del calendario electoral de las PASO.

El 18 de junio de 2013, el máximo tribunal resolvió la causa conocida como “Rizzo” y confirmó la inconstitucionalidad de la elección popular de consejeros, manteniendo la estructura previa del organismo.

Este caso se convirtió en el primer uso efectivo del per saltum en la Argentina, con intervención directa y resolución de fondo por parte de la Corte.

El nuevo escenario: el per saltum de Milei por la reforma laboral

Más de una década después, el gobierno de Javier Milei volvió a recurrir a esta herramienta en el marco de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que solicitó a la Corte Suprema que intervenga de manera directa para revertir la suspensión de 83 artículos de la norma, dispuesta por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63.

Argumentos del Gobierno actual

El Ejecutivo sostiene que existe una situación de “gravedad institucional”, al considerar que un juez de primera instancia no puede suspender una ley nacional con efectos generales.

Además, advierte sobre un “perjuicio irreparable” derivado de la incertidumbre jurídica que genera la medida cautelar, afectando tanto a empleadores como a trabajadores.

El recurso también cuestiona la competencia del tribunal que dictó la suspensión y la legitimación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había impulsado la acción judicial.