El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó en Rosario la quinta subasta de bienes incautados al delito, en una jornada que reunió a 5.411 inscriptos para pujar por 150 lotes que incluyeron desde un avión hasta autos de alta gama y motocicletas.
El evento se realizó en el Salón Metropolitano y fue presentado por el mandatario como “la subasta de bienes más grande de la Argentina”, en el marco de una estrategia que busca golpear el poder económico de las organizaciones criminales.

Durante el acto, Pullaro sostuvo que en la provincia “se persigue el delito, se encarcela a los delincuentes y se les quitan los bienes para que vuelvan a víctimas e instituciones”.
El gobernador remarcó que se trata de “una política pública” sostenida con determinación y aseguró que este tipo de medidas son clave para recuperar el orden y reducir la violencia, especialmente en Rosario.
En la misma línea, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que lo recaudado en estas subastas permite “debilitar a las organizaciones criminales” y reforzar la política de seguridad provincial.
Por su parte, la secretaria de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, afirmó que Santa Fe es “la única provincia” que implementa este tipo de esquema de manera sistemática y que forma parte de un plan integral que combina prevención, investigación y decomiso de activos.
El intendente de la ciudad, Pablo Javkin, destacó que la iniciativa apunta a “hacer valer la ley” y a “quitar el dinero mal habido”, al tiempo que la definió como una herramienta para cortar el circuito del delito.
Además, Pullaro aseguró que Rosario dejó de ser observada “con piedad” para empezar a ser vista “con respeto”, en referencia a la baja de los niveles de violencia en la ciudad.
Según informaron, en las cuatro subastas previas, la provincia logró recaudar más de 3.589 millones de pesos, fondos que fueron destinados a reparar a víctimas, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Aprad.
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales es la encargada de gestionar los activos secuestrados en causas penales, que pueden ser asignados a organismos públicos, subastados o destinados a entidades de bien público según su naturaleza.