El juez federal Ariel Lijo dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la causa que investiga posibles vínculos entre empresas privadas y la esposa del jefe de gabinete, Manuel Adorni. El objetivo es determinar si existieron contrataciones entre organismos del Estado nacional y firmas relacionadas con Bettina Angeletti. La decisión se adoptó a partir de un pedido del fiscal federal Carlos Stornelli y en el marco de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que apunta a un eventual beneficio económico a través de empresas de las que Angeletti sería socia.
Como parte de las medidas, el magistrado requirió copias de expedientes administrativos y documentación vinculada a distintos procesos de contratación estatal. Entre ellos, figuran servicios de comunicación digital, envío masivo de SMS, soporte técnico de plataformas como Jira y Confluence, correos transaccionales y la concesión del predio de Tecnópolis.
Además, Lijo solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos societarios completos de una serie de empresas —entre ellas AREA TECH, ATX, MOVILGATE, LUGALU, EQUILA, TSOFT INFORMÁTICA y TECNOSOFTWARE— con el fin de analizar su composición y posibles vínculos.
En paralelo, la Oficina Nacional de Contrataciones deberá informar si otras firmas, como DATCO, National Shipping y Foggia Group, registran contratos con el Estado nacional y, en caso afirmativo, remitir la documentación correspondiente.
La investigación busca establecer si la consultora +Be, de la que Angeletti es socia, podría estar conectada con empresas contratistas del Estado o formar parte de un entramado societario más amplio, particularmente en torno a la explotación del predio de Tecnópolis.

Por ahora, la causa se encuentra en una etapa preliminar y no hay imputados. Sin embargo, las medidas ordenadas apuntan a reconstruir posibles circuitos de contratación y determinar si existió algún tipo de conflicto de intereses entre la función pública de Adorni y las actividades privadas de su entorno cercano.