04/09/2026 - Edición Nº1305

Política

Corrupción libertaria

El juez Lijo pone la lupa en empresas vinculadas a la esposa de Adorni

17/04/2026 | Busca determinar si firmas ligadas a Bettina Angeletti tuvieron contratos con el Estado


por Redacción NewsDigitales


El juez federal Ariel Lijo dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la causa que investiga posibles vínculos entre empresas privadas y la esposa del jefe de gabinete, Manuel Adorni. El objetivo es determinar si existieron contrataciones entre organismos del Estado nacional y firmas relacionadas con Bettina Angeletti. La decisión se adoptó a partir de un pedido del fiscal federal Carlos Stornelli y en el marco de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que apunta a un eventual beneficio económico a través de empresas de las que Angeletti sería socia.

Como parte de las medidas, el magistrado requirió copias de expedientes administrativos y documentación vinculada a distintos procesos de contratación estatal. Entre ellos, figuran servicios de comunicación digital, envío masivo de SMS, soporte técnico de plataformas como Jira y Confluence, correos transaccionales y la concesión del predio de Tecnópolis.

Además, Lijo solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos societarios completos de una serie de empresas -entre ellas Area Tech, ATX, Movilgate, Lugalu, Equila, Tsoft Informática, TecnoSoftware- con el fin de analizar su composición y posibles vínculos.

En paralelo, la Oficina Nacional de Contrataciones deberá informar si otras firmas, como DATCO, National Shipping y Foggia Group, registran contratos con el Estado nacional y, en caso afirmativo, remitir la documentación correspondiente.

Cómo está la causa

La investigación busca establecer si la consultora +Be, de la que Angeletti es socia, podría estar conectada con empresas contratistas del Estado o formar parte de un entramado societario más amplio, particularmente en torno a la explotación del predio de Tecnópolis.

Juez Ariel Lijo

Por ahora, la causa se encuentra en una etapa preliminar y no hay imputados. Sin embargo, las medidas ordenadas apuntan a reconstruir posibles circuitos de contratación y determinar si existió algún tipo de conflicto de intereses entre la función pública de Adorni y las actividades privadas de su entorno cercano.

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